Violencia por prejuicio contra feministas y sobrevivientes
- Prensa Empoderame
- hace 2 días
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Fundación Empodérame alerta sobre un patrón de hostigamiento digital contra defensoras de derechos humanos que denuncian la trata, la explotación sexual y las violencias contra las mujeres.
Estimada audiencia, hemos documentado un presunto patrón de violencia digital, hostigamiento por prejuicio y estigmatización pública contra feministas abolicionistas en Colombia, con especial afectación a Claudia Yurley Quintero Rolón, psicóloga, defensora de derechos humanos y directora de la organización.
Este informe surge de la necesidad de nombrar una forma de violencia que suele ser minimizada porque ocurre en redes sociales. Sin embargo, el daño digital no es menor. Una publicación de alto alcance puede instalar sospechas, deteriorar la confianza pública, activar ataques de terceros, afectar alianzas institucionales y producir desgaste emocional en quienes defienden derechos humanos.
Las feministas abolicionistas trabajamos por una vida libre de explotación sexual para mujeres y niñas. Denunciamos la trata de personas, la demanda masculina de acceso sexual al cuerpo de las mujeres, la precariedad que empuja a muchas mujeres a la prostitución y la ausencia de alternativas reales de salida. Esa posición puede ser debatida. Lo que no puede aceptarse es que se convierta en motivo de persecución, criminalización social o amenaza reputacional.
La preocupación de Fundación Empodérame no se centra en la existencia de un debate público sobre prostitución, trabajo sexual, trata de personas o explotación sexual. Ese debate es legítimo en una sociedad democrática. La preocupación aparece cuando la diferencia política se transforma en acusaciones graves, señalamientos reiterados, exposición pública, amenaza reputacional y estigmatización contra defensoras de derechos humanos.
El informe analiza publicaciones realizadas en la red social X, antes Twitter, contra Claudia Quintero, Fundación Empodérame y feministas abolicionistas que trabajan en la denuncia de la trata de personas, la explotación sexual y las violencias contra las mujeres. En varias de estas publicaciones se atribuyen o sugieren conductas de alta gravedad, como revictimización, lucro con víctimas, manipulación de testimonios, filtración de información sensible, instrumentalización de mujeres y sabotaje.
Cuando este tipo de afirmaciones se realizan ante audiencias amplias y sin suficiente soporte público verificable, el daño no queda limitado al intercambio digital. Puede afectar el buen nombre, la seguridad, la salud emocional, la relación con cooperantes y la confianza de mujeres víctimas o sobrevivientes que buscan acompañamiento.
Los datos permiten dimensionar la gravedad del alcance. El informe identificó un alcance mínimo documentado de 225.504 vistas visibles en cuatro grupos de publicaciones principales. Esta cifra corresponde únicamente a las visualizaciones visibles y registradas en publicaciones específicas. No equivale a personas únicas ni demuestra lectura completa de los contenidos, pero sí permite medir exposición pública.
El alcance estimado con amplificación podría ubicarse entre 500.000 y 700.000 impresiones potenciales, si se consideran reposts, respuestas, citas y circulación secundaria. Al incorporar publicaciones menores, comentarios derivados, reactivaciones y menciones indirectas, el alcance total del patrón podría superar un millón de impresiones, cifra sujeta a verificación técnica.
Una de las publicaciones analizadas, fechada el 24 de junio de 2025, alcanzó aproximadamente 50.900 visualizaciones, cerca de 1.000 “me gusta”, 231 reposts y 106 respuestas. En ella se repite varias veces la frase: “las feministas abolicionistas llegan a sabotearme”. Esta repetición no es un detalle menor. Desde el análisis del discurso, instala una imagen de grupo: presenta a las feministas abolicionistas como un bloque organizado para dañar, interferir o perseguir.
Otra publicación, del 16 de diciembre de 2025, alcanzó 36.507 visualizaciones, 270 “me gusta”, 57 reposts y 31 respuestas. En esta se expuso una interacción con Fundación Empodérame y se señaló indirectamente a “la activista”. Este tipo de mención ambigua permite activar la identificación pública sin formular siempre una acusación directa con elementos verificables. El resultado es una sospecha que circula, se amplifica y se vuelve difícil de controvertir.
El informe también registra un hilo del 4 de febrero de 2025 con 84.653 visualizaciones visibles, 145 “me gusta”, 66 reposts y 18 respuestas, en el que se formularon señalamientos graves contra Claudia Quintero y su entorno organizativo. Las continuaciones de ese mismo día sumaron 53.444 vistas visibles acumuladas. En conjunto, estos datos muestran que no se trata de publicaciones marginales ni de discusiones privadas, sino de mensajes con capacidad real de circulación pública.
Para una organización que trabaja con mujeres víctimas de trata, explotación sexual y violencia, la credibilidad es una condición de trabajo. Sin confianza pública, se dificulta acompañar, proteger, orientar, denunciar y sostener procesos de incidencia. Cuando se instala la sospecha sobre quienes acompañan a las víctimas, también se afecta la posibilidad de que otras mujeres busquen apoyo.
Consideramos que este patrón debe analizarse como una posible forma de violencia por prejuicio. El ataque no se dirige solamente contra una persona. También se dirige contra un grupo político-feminista identificable: las feministas abolicionistas.
Cuando se presenta a “las abolicionistas” como un bloque que supuestamente sabotea, manipula, instrumentaliza o agrede, se construye una narrativa de sospecha colectiva. Esa narrativa puede convertir una postura feminista legítima en motivo de hostigamiento público.
El impacto también es desproporcionado por la asimetría comunicativa. Las publicaciones analizadas provienen de una figura pública con alto alcance digital y relevancia política. En cambio, las personas y organizaciones afectadas son defensoras de derechos humanos y organizaciones sociales con menor capacidad de respuesta. Una publicación de alto alcance puede generar cientos de interacciones, activar ataques de terceros, instalar dudas ante aliados y obligar a la persona afectada a defender su reputación, su seguridad y su trabajo institucional.
El daño digital no se mide únicamente por visualizaciones. También se mide por la gravedad de las acusaciones, la repetición, el contexto político, la capacidad de activar audiencias hostiles y el efecto que produce sobre la vida concreta de defensoras, organizaciones y víctimas.
Remitiremos el informe a entidades competentes para solicitar valoración institucional del riesgo, preservación de evidencia digital, análisis de posibles conductas jurídicamente relevantes, activación de rutas de protección individual y colectiva, y reconocimiento de la violencia digital contra defensoras de derechos humanos como una forma real de afectación.
Las feministas abolicionistas tenemos derecho a participar en el debate público, denunciar la explotación sexual y exigir rutas reales de salida para las mujeres sin ser presentadas como enemigas, farsantes o agresoras.
La libertad de expresión es un derecho fundamental. También lo son la honra, el buen nombre, la dignidad humana, la participación política de las mujeres y la defensa de los derechos humanos. Un debate democrático no puede construirse sobre el hostigamiento ni sobre la estigmatización de quienes acompañan a víctimas y sobrevivientes.
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