Reconocer para Seguir: una respuesta integral para mujeres en riesgo en Norte de Santander y Valle del Cauca
- Prensa Empoderame
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Queremos contarles con alegría, pero también con mucha seriedad, sobre un logro reciente de Empodérame: la ejecución del proyecto “Reconocer para Seguir”, una respuesta de emergencia implementada con apoyo del Fondo FON – Opportunity Now para acompañar a mujeres en situación de violencia, desplazamiento, explotación y riesgo extremo en Cúcuta, Villa del Rosario, Cali y San Pedro, Valle del Cauca. Este proceso se desarrolló entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2025 y nos permitió sostener una respuesta feminista, territorial y basada en derechos humanos en medio de una crisis humanitaria profunda.
El proyecto se implementó en un contexto especialmente crítico. Durante su ejecución, la Fundación registró un aumento aproximado del 60 % en las solicitudes de atención psicosocial, jurídica y humanitaria. Esto ocurrió en medio de la conmoción interior en Norte de Santander, una medida excepcional adoptada por el Gobierno nacional ante la alteración grave del orden público, que en la práctica significó un contexto de mayor militarización, restricciones, intensificación del conflicto armado y nuevas olas de desplazamiento forzado, especialmente en la región del Catatumbo. En ese escenario aumentó el número de mujeres en tránsito, sin protección institucional efectiva, particularmente migrantes venezolanas, colombianas retornadas, mujeres refugiadas y desplazadas internas.
A esto se suma un problema estructural: la falta de regularización migratoria agrava la crisis porque deja a muchas mujeres por fuera del acceso real a empleo formal, salud continua, arriendo, transporte seguro, justicia y mecanismos de protección. En la práctica, la irregularidad o la precariedad documental las expone a mayor dependencia económica, miedo a denunciar, explotación laboral y sexual, abuso institucional y riesgo de ser captadas por redes de trata o por entornos de prostitución como estrategia de supervivencia. No se trata solo de un problema administrativo. Se trata de una condición que profundiza la vulnerabilidad, el aislamiento y la exposición a múltiples violencias.
Para responder a esta emergencia, la Fundación conformó un equipo técnico y territorial integrado por Claudia Yurley Quintero Rolón, directora ejecutiva y psicóloga, quien dirigió técnicamente el proyecto y tomó decisiones sobre reubicaciones de alto riesgo; Andrés Mauricio Soto Roldán, abogado, encargado del acompañamiento jurídico; Brenda Esmeralda Calambás Castaño, trabajadora social y coordinadora territorial; Gabriela Camila Nocua Becerra, psicóloga; Daniela Alejandra Hernández Zapata, practicante de prensa y comunicaciones; y las monitoras comunitarias Yolimar Medina Primera y Sandra Liliana Correa Niño, responsables de identificación de casos, convocatoria, seguimiento y apoyo logístico en territorio.
La atención se realizó en varios puntos seguros y comunitarios. En Norte de Santander, el trabajo se sostuvo en un espacio comunitario en la casa de Doña Ceci, en Cúcuta; en un punto de atención en La Parada, Villa del Rosario; y en un espacio privado facilitado por el Hotel Gueicer para casos de emergencia o alto riesgo. En Cali, las actividades se desarrollaron en la sede principal de la Fundación y en un espacio comunitario en San Pedro, Valle del Cauca. Estos lugares no fueron simples puntos de atención. Fueron espacios de cuidado donde muchas mujeres pudieron llegar, sentarse, tomar un café, compartir un refrigerio, recibir apoyo de transporte y encontrar una escucha sin juicio. Ese gesto concreto de acogida también hizo parte de la intervención, porque en contextos de violencia extrema, la dignidad empieza por lo básico: llegar seguras, ser recibidas con respeto y no tener que escoger entre asistir a una cita o resolver la comida del día.
El proyecto se estructuró en cuatro ejes: apoyo humanitario, atención psicosocial, acompañamiento jurídico especializado y protección con reubicación. En el componente humanitario, la Fundación gestionó y entregó 100 kits de aseo personal, 100 kits de higiene menstrual, 100 apoyos de transporte local y 50 apoyos de conectividad, ajustando los montos de transporte cuando las mujeres provenían de zonas rurales, viajaban con hijos o hijas, o debían cubrir trayectos más largos y costosos. Estos apoyos habilitantes fueron decisivos para que muchas mujeres no abandonaran sus procesos de atención.
En el componente psicosocial, la Fundación brindó 200 sesiones individuales y grupales a 100 mujeres, con intervenciones enfocadas en contención emocional, evaluación de riesgo, primeros auxilios psicológicos, regulación emocional, elaboración de planes de seguridad y activación de rutas de protección. La distribución territorial de la población atendida fue principalmente en Cúcuta, con 54 mujeres; Cali, con 33; y Villa del Rosario, con 17.
La caracterización realizada durante el proyecto mostró un panorama de alta polivictimización. Se registraron 148 reportes de violencia verbal, 132 de violencia física, 125 de violencia sexual, 121 de violencia económica y 45 de violencia psicológica. Además, 39 % de las mujeres entrevistadas reportó prostitución habitual u ocasional en el presente, mientras 13,42 % señaló antecedentes de prostitución sin encontrarse ya en esa situación. Este dato es central. En nuestra lectura, la prostitución no aparece aquí como una elección libre ni como una oportunidad económica, sino como una forma de violencia y explotación atravesada por abusos previos, coerción, pobreza, desplazamiento, racismo, violencia sexual, control de terceros y ausencia de alternativas reales. Muchas de las mujeres atendidas no llegaron a la prostitución desde la autonomía, sino desde trayectorias marcadas por violencias acumuladas, necesidad urgente de supervivencia y abandono institucional. Por eso, nombrar la prostitución como violencia fue clave para no romantizarla, no normalizarla y orientar la intervención hacia la protección, la salida de la explotación y la reconstrucción de proyectos de vida. En salud mental, además, se identificaron 10 casos con ideación suicida y 8 con conducta suicida, lo que exigió activación de rutas clínicas y seguimiento reforzado.
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En el componente jurídico, la Fundación ofreció orientación y acompañamiento especializado a mujeres víctimas de trata de personas, violencia sexual, amenazas y migración forzada. Se activaron rutas ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, personerías municipales, Migración Colombia, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud y el Ministerio del Interior. Como resultado, se logró acompañamiento jurídico efectivo en 60 casos, mientras otros 40 continuaron en documentación y acción jurídica continuada. El equipo utilizó herramientas como derechos de petición, acciones de tutela, solicitudes formales, denuncias y acompañamiento en audiencias, lo que permitió obtener respuestas institucionales y medidas de protección en casos priorizados.
Uno de los mayores logros del proyecto fue el componente de protección y reubicación temporal. Se activaron cinco procesos de reubicación para mujeres en riesgo extremo por amenazas, persecución, intentos de feminicidio o control por redes de explotación. De estas reubicaciones, tres cerraron completamente dentro del período del proyecto y dos quedaron en seguimiento de estabilización. Cada caso incluyó alojamiento seguro, alimentación, transporte intermunicipal y acompañamiento psicosocial y jurídico, con seguimiento intensivo durante las primeras 72 horas.
Entre los principales logros del proyecto se destacan la capacidad de sostener una respuesta integral en medio de una emergencia humanitaria, el fortalecimiento del acceso efectivo a derechos, la estabilización inicial de mujeres en alto riesgo, la reducción de barreras logísticas mediante apoyos concretos y la consolidación de un modelo de atención articulado entre lo humanitario, lo psicosocial, lo jurídico y lo territorial. También se fortalecieron los sistemas internos de seguimiento con un registro único de casos con identificación interna, auditorías periódicas y una gestión documental organizada para garantizar trazabilidad, confidencialidad y rendición de cuentas.
El proyecto también dejó resultados en incidencia pública y política. Durante su ejecución, la Fundación participó en acciones de sensibilización por el Día Mundial contra la Trata de Personas en Bogotá, intervino en el foro “Un delito silencioso” en el Congreso de la República, presentó el informe “Radiografía de la Trata de Personas” ante la Cámara de Representantes el 4 de noviembre de 2025 y fortaleció su incidencia regional con participación en espacios de la Organización de los Estados Americanos y en el Foro Alterno Feminista realizado en Ciudad de México.
Los riesgos y dificultades fueron severos. La Fundación enfrentó presencia de actores armados, persecución territorial, amenazas directas, barreras de movilidad, precariedad económica de las mujeres, revictimización institucional, demoras en salud y justicia, negación de servicios por razones administrativas y desgaste emocional del equipo. Para responder, implementó triaje por nivel de riesgo, seguimiento intensivo en las primeras 72 horas, flexibilización entre atención presencial, virtual y telefónica, planes de seguridad personalizados, supervisión clínica quincenal y protocolos estrictos de confidencialidad y protección de datos.
El cierre del proyecto no implicó una salida abrupta. En diciembre de 2025, la Fundación obtuvo nueva financiación a través del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades del Ministerio del Interior: Implementación del Acuerdo de Paz, Seguridad Humana y respeto por los derechos humanos”, ejecutado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio del Interior, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2026, lo que permitió dar continuidad a los casos atendidos y a las rutas de protección activadas.
Con “Reconocer para Seguir”, Fundación Empodérame reafirma que las respuestas feministas, rigurosas y basadas en derechos humanos son indispensables para atender a mujeres en contextos de violencia extrema. El proyecto dejó resultados concretos, aprendizajes metodológicos y una evidencia clara: cuando la institucionalidad falla o llega tarde, las organizaciones territoriales siguen siendo una red vital de protección, acompañamiento y acceso a la justicia.
________ El Fondo FON – Opportunity Now es una iniciativa internacional creada para fortalecer organizaciones feministas que trabajan frente a las violencias basadas en género mediante financiamiento y acompañamiento. Hace parte de un esfuerzo más amplio impulsado con apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, dentro del Fondo de Apoyo a Organizaciones Feministas, y busca que organizaciones territoriales cuenten con recursos más directos para sostener respuestas, protección e incidencia en sus contextos.
Fundación Empodérame recibió el apoyo de la Agence Française de Développement. Las ideas y opiniones expresadas en este contenido son responsabilidad exclusiva de sus autoras y no necesariamente reflejan el punto de vista de la Agence Française de Développement.
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