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¡Permiso por Protección Temporal (PPT) con enfoque de violencias contra la mujer ya!

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Amaneció en La Parada, Villa del Rosario, con ese viento caluroso de frontera que levanta polvo y sofoca. En la mesa hay carpetas moradas, copias numeradas, un anexo que cuidamos como un tesoro por ser expedientes de vidas. No escribimos nombres aquí porque nos debemos a su seguridad, pero sí podemos contar lo importante: hoy radicamos ante la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia un derecho de petición que, si se toma en serio, puede cambiar el destino de varias mujeres que han sobrevivido a la prostitución y a la trata.


Pedimos algo que parece técnico y, sin embargo, es profundamente humano: que se habilite el ingreso al Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) por fuerza mayor y que el trámite continúe hasta la expedición del Permiso por Protección Temporal (PPT). Dicho sin siglas y sin jerga: que el Estado abra la puerta que se cerró cuando más la necesitaban y les entregue un documento que permite trabajar y acceder a salud a las mujeres migrantes venezolanas.


Para quien nos lee fuera de Colombia, el RUMV es el registro que identifica a las personas venezolanas que viven aquí y que habilita el camino de la regularización. El PPT es la credencial temporal que, una vez se obtiene, hace posible afiliarse al sistema de salud, matricular a las niñas y los niños, firmar un contrato de trabajo, abrir una cuenta bancaria o arrendar. Parece poco, pero en la frontera es la diferencia entre una vida en prostitución o fuera de ella.


Este camino no empezó hoy. En 2021 luego de intensa incidencia de nosotras y otras organizaciones sociales, el país creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), una apuesta que en su momento reconocimos como un avance. Con el tiempo, se quitó esta política (Lo hizo el nuevo gobierno de Gustavo Petro) y muchas mujeres que ya vivían violencia quedaron fuera por razones que no caben en un formulario: amenazas, violencias, noches enteras sin dormir con crisis de pánico, documentos perdidos, mudanzas forzadas de ciudad en ciudad. 


En 2024, la Corte Constitucional recordó lo obvio y lo valiente a la vez: cuando hay fuerza mayor y cuando esa fuerza mayor está ligada a violencias contra las mujeres, el Estado no puede cerrarles la puerta en la cara. La Sentencia T-166 de 2024 ordenó habilitar el ingreso tardío al RUMV y la Resolución 4713 de 2024 detalló cómo hacerlo. Nuestro escrito de hoy no inventa nada; solo pide que esas palabras se vuelvan práctica.


Si pudiéramos narrar cada historia sin ponerlas en riesgo, hablaríamos de madrugadas en las que se decide entre pagar el arriendo o comprar el mercado, de niñas que se quedan sin cupo escolar porque su madre no tiene un papel, de aquellas que tiemblan cuando escuchan la palabra “biométricos” porque la memoria de la trata de personas se activa hasta en una sala de espera. Hablaríamos de lo que cuesta conseguir una cita médica cuando no existe un número de identidad en el sistema, de la vergüenza de pedir favores para imprimir una fórmula, del miedo a la calle cuando cualquier retén policial puede ser la excusa para volver a la nada.


Hoy dejamos al país es una propuesta de derechos humanos e igualdad. Pedimos que se reconozca la fuerza mayor que impidió el registro a tiempo, pero también las nuevas migraciones; que Migración Colombia cite a biométricos sin demoras innecesarias y que, tras esa cita, el Permiso por Protección Temporal llegue como debe llegar un derecho: sin obstáculos.


Pedimos también que cualquier requisito adicional se comunique de manera clara y por escrito, para responder con seriedad y sin carreras, y que, si alguna mujer no encaja en los criterios del gobierno, se indique una ruta de regularización alternativa mientras se garantiza su protección inmediata por violencia.


No mencionamos nombres porque la confidencialidad también es una forma de cuidado. Lo que sí decimos, con la voz entera, es que regularizar con enfoque de género salva vidas. Que el derecho de petición que radicamos hoy no es un trámite: es una necesidad urgente. Del lado de acá están la ansiedad, el riesgo y la precariedad; del lado de allá, la posibilidad de pedir ayuda sin humillarse, de educar a las hijas e hijos sin miedo, de decir “no” a quienes lucran con los cuerpos de las mujeres.


Esperamos la respuesta dentro de los términos legales. Mientras llega, seguimos acompañando: psicología, asesoría jurídica, apoyo para lograr ese primer empleo formal que cambia las historias.



 
 
 

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