Pedimos la inclusión de jóvenes sobrevivientes de la explotación sexual en el Programa Jóvenes en Paz

Hemos trabajado en procesos de incidencia política y social para que las mujeres y jóvenes víctimas de explotación sexual fueran reconocidas como población prioritaria en el Programa Jóvenes en Paz. Gracias a esta labor, logramos que el artículo 348 de la Ley 2294 de 2023 incluyera expresamente a esta población dentro de los beneficiarios. El texto dice literalmente:

Artículo 348. Creación del Programa Nacional Jóvenes en Paz. Créese el Programa Nacional de Jóvenes en Paz, que tendrá como objeto la implementación de una ruta de atención integral a la juventud entre los 14 y 28 años de edad que se encuentra en situación de extrema pobreza, jóvenes rurales, explotación sexual, vinculados a dinámicas de criminalidad y en condiciones de vulnerabilidad en territorios afectados por la violencia y el conflicto armado que han sido históricamente marginados y excluidos, que será implementado en todo el territorio nacional, mediante acciones en los ámbitos de la salud emocional, mental y física, educación, familiar, comunitario, deporte, empleo, emprendimiento, arte, cultura y formación de la ciudadanía.

Sin embargo, tras recibir respuesta oficial del Ministerio de Igualdad y Equidad al Derecho de Petición radicado bajo el número SE-2025-00016101, constatamos que persisten graves deficiencias en la inclusión real de estas mujeres, que terminan siendo invisibilizadas en la práctica.

Lo que respondió el Ministerio de Igualdad y Equidad

En su comunicación del 9 de septiembre de 2025, el Ministerio informó que:

Cobertura y alcance: a abril de 2025, el Programa Jóvenes en Paz había vinculado a 28.886 jóvenes en todo el país. De ellos, 16.201 (56,1%) eran mujeres, 11.511 (39,8%) hombres, 150 (0,5%) se identificaban como “otro” y 1.024 (3,5%) estaban pendientes de clasificación.

Identificación de mujeres víctimas de explotación sexual: señalaron que la identificación la realiza el Departamento Nacional de Planeación a través del Registro Social de Hogares, cruzado con el Registro Único de Víctimas (RUV). Según la respuesta, para priorizar a esta población se exige:

Certificación en el RUV como víctimas de explotación sexual.

Registro individual en el Registro Social de Hogares con ese atributo. Además, mencionaron “jornadas territoriales en barrios con alta incidencia” y “acompañamiento psicosocial intensivo”.

Metodología de focalización: explicaron que utilizan el Registro Social de Hogares, que integra datos de distintas fuentes. La priorización se hace con base en edad (14 a 28 años), documentos vigentes, no estar privados de libertad ni recibiendo otras transferencias, así como indicadores de pobreza (Sisbén IV), educación, demografía, discapacidad, condición de víctima y residencia rural. Se incluyen factores de violencia, explotación (según ICBF, ESCNNA y RUV) y ubicación en municipios priorizados.

Evaluación y seguimiento: afirmaron que existen informes anuales publicados en la web y que para mujeres víctimas de explotación sexual monitorean tres indicadores: tasa de permanencia, salud mental (escala GHQ-12) e inserción en educación o empleo.

¿Dónde está el problema?

El RUV solo registra hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, por lo que la explotación sexual en contextos ajenos al conflicto no queda registrada. Exigir certificación en el RUV para acceder al programa excluye automáticamente a la mayoría de las jóvenes y mujeres explotadas sexualmente.

El Registro Social de Hogares, aunque es la base para focalizar programas sociales, no incluye la categoría de explotación sexual entre sus ítems de caracterización. Esto significa que, en la práctica, las beneficiarias no pueden ser identificadas bajo este criterio.

A pesar de reconocer indicadores de violencia y explotación, la respuesta del Ministerio no aporta protocolos ni actos administrativos verificables que respalden cómo se hace la focalización o el acompañamiento psicosocial.

Aunque mencionan informes de evaluación, no entregaron enlaces ni resultados medibles, incumpliendo con la transparencia en la información pública.

Déficit en la cobertura

El Programa se diseñó para atender a 100.000 jóvenes. A la fecha, solo se han vinculado 28.886 (28,8%), lo que refleja un déficit del 71,2% en su cobertura proyectada. De los vinculados, apenas 16.201 son mujeres, lo cual está muy lejos de responder a la magnitud de las necesidades de inclusión, protección y oportunidades para millones de jóvenes en el país. Este bajo número demuestra que las mujeres, siendo la mayoría de las afectadas por explotación sexual, siguen sin estar en el centro de la política pública.

¿Quién lleva el conteo de la trata?

La Subdirección de Gobierno, Gestión Territorial y Lucha contra la Trata del Ministerio del Interior es la entidad responsable de consolidar las estadísticas de trata de personas, incluyendo la modalidad de explotación sexual. Sin embargo, no existe articulación entre esta Subdirección y el Programa Jóvenes en Paz, lo que fragmenta la respuesta estatal.

Exigimos al Ministerio de Igualdad y Equidad:

1. Explicar cómo se garantiza la inclusión de mujeres en explotación sexual fuera del conflicto armado.

2. Publicar de inmediato los protocolos internos y manuales operativos del Programa.

3. Presentar un informe actualizado y desagregado por territorio y población, con especial énfasis en mujeres.

4. Entregar en formatos abiertos (CSV/XLSX) los indicadores de permanencia, salud mental e inserción laboral.

5. Garantizar medidas diferenciales para mujeres afrocolombianas, migrantes y adolescentes, con evidencia de implementación.

6. Solicitar a los dos ministerios Igualdad e interior que crucen información de jóvenes víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual para ser incluidas en jóvenes en paz.

7. Presentamos una base de 780 mujeres atendidas por nosotros para postularlas a jóvenes en paz ya que cumplen los requisitos.

Esperamos que esta acción de incidencia produzca resultados y bienestar en las jóvenes que quieren escapar de la prostitución y aún no lo logran por falta de apoyo del gobierno.

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