Organizaciones exigen que Colombia adopte una política pública real y vinculante contra la trata de personas

En un espacio de diálogo legislativo y social convocado este 23 de mayo de 2025, en el marco del debate sobre la reforma a la Ley 985 de 2005, diversas organizaciones de mujeres, activistas por los derechos humanos y representantes de la sociedad civil exigieron transformaciones estructurales para enfrentar la trata de personas en Colombia, con enfoque feminista, territorial y de derechos humanos.

Durante la sesión, que contó con la participación de colectivos territoriales, sobrevivientes de trata y entidades expertas, se planteó como necesidad urgente sustituir la figura de “estrategia nacional” por una verdadera política pública con carácter vinculante, sostenida por una vigencia mínima de 10 años, articulación interinstitucional y participación activa de la sociedad civil. Este cambio permitiría a las entidades del Estado estar obligadas jurídicamente a prevenir, atender y reparar integralmente a las víctimas.

Las organizaciones señalaron que, pese a que múltiples mujeres son forzadas o inducidas a contextos de explotación sexual bajo redes de trata, el sistema institucional continúa clasificándolas como "trabajadoras del sexo voluntario", impidiendo su acceso a rutas de atención, reparación y justicia. Se subrayó además la urgencia de criminalizar la demanda, siguiendo el principio del Protocolo de Palermo y el modelo nórdico que responsabiliza a los explotadores directos.

En voz de representantes comunitarias y académicas, se enfatizó que las comisiones y comités institucionales han fallado en sus funciones reales, limitándose a reuniones anuales y sin mecanismos efectivos de seguimiento. Las participantes denunciaron que las víctimas no están representadas en estos espacios, ni reciben acompañamiento jurídico adecuado, resultando en procesos de revictimización y deserción.

Asimismo, se solicitó que la nueva ley reconozca a las mujeres víctimas de conflicto armado como víctimas de trata, en línea con los informes de la Relatora de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres. Esta inclusión permitiría el acceso a programas de reparación integral, vivienda, salud, trabajo y educación, derechos que hoy les son negados.

Desde la sociedad civil, se hizo un llamado firme al Congreso de la República para que esta reforma legislativa no sea una oportunidad perdida. “Sin una política pública clara, las víctimas seguirán siendo desplazadas entre oficinas, mientras las redes de trata y explotación continúan actuando con impunidad”, afirmó una de las voceras.

Las organizaciones anunciaron que entregarán por escrito sus propuestas y observaciones técnicas, y reiteraron su disposición a seguir incidiendo desde el territorio hasta que se reconozca plenamente la dignidad y los derechos de las víctimas de trata en Colombia.

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