Ministerio de igualdad: 2.400 millones de pesos y ningún resultado consolidado

Reflexiones sobre la estrategia para mujeres en prostitución del Ministerio de Igualdad de Colombia

Un programa estatal termina. Costó más de 2.400 millones de pesos. Duró seis meses. Trabajó en territorios donde miles de mujeres enfrentan explotación sexual, violencia y exclusión. Y el Ministerio que lo ejecutó no tiene consolidados los resultados.

¿Cuántas mujeres salieron de la violencia prostitucional con ayuda del Ministerio de Igualdad?

En Colombia, las vidas de las mujeres vinculadas a contextos de prostitución y otras modalidades de explotación sexual están atravesadas por pobreza, violencias basadas en género, racismo, migración forzada, precariedad laboral y ausencia histórica de oportunidades reales. Muchas se han levantado desde esas condiciones para hacer activismo y nombrarse sobrevivientes del sistema prostituyente. Sus vidas merecen políticas públicas sólidas, con enfoque de derechos humanos y resultados verificables. No moralismos que eviten nombrar la explotación, pero tampoco eufemismos que la disfracen de política pública.

La estrategia del Ministerio

La creación de la Dirección para Mujeres en "Actividades Sexuales Pagas" dentro del Ministerio de Igualdad y Equidad abrió cuestionamientos legítimos desde el inicio. Esa categoría no existe en ningún instrumento de derechos humanos en el mundo. El Ministerio sostiene que estas mujeres han sido históricamente excluidas y reconoce la necesidad de garantizar derechos, combatir la violencia y generar alternativas de vida. Su propio documento técnico del programa reconoce las barreras estructurales, la discriminación y la precariedad que afectan a esta población.

Ese reconocimiento institucional es importante y entendemos que reconocer un problema no es resolverlo.

A través del derecho fundamental de petición y del control social ciudadano, obtuve respuestas oficiales sobre la estrategia de "educadoras pares" implementada por esta Dirección. La información fue dilatada por casi cuatro meses. Las respuestas dadas a medias revelaron una inversión superior a 2.439 millones de pesos, la participación de 47 educadoras pares vinculadas laboralmente mediante tercerización con una empresa temporal durante seis meses, y la finalización del componente en abril de 2026 sin mecanismo de monitoreo ni medición de resultados.

Lo que puede y lo que no puede el acompañamiento entre pares

Las mujeres educadoras vinculadas a estos procesos poseen experiencias territoriales y conocimientos comunitarios valiosos. El acompañamiento entre pares cumple funciones reales de confianza, acercamiento y orientación, especialmente en poblaciones que han experimentado violencia y rechazo institucional. Precisamente porque reconocemos ese valor, debemos ser rigurosas al preguntarnos qué puede y qué no puede lograr este tipo de estrategia por sí sola.

En 2024, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, sistematizó experiencias internacionales sobre prostitución, explotación sexual y programas de salida y recuperación. Su análisis reconoce que el acompañamiento entre pares puede ser una herramienta significativa cuando forma parte de respuestas integrales y especializadas. Los programas con mejores resultados en el mundo incorporan atención al trauma y salud mental, vivienda segura, acompañamiento prolongado, autonomía económica, acceso a educación y empleo, equipos especializados y monitoreo permanente. El apoyo entre pares funciona como complemento, no como sustituto.

Desde nuestro enfoque psicosocial sabemos que experiencias reiteradas de violencia, explotación y supervivencia generan afectaciones psicoemocionales complejas que no se transforman mediante información u orientación. Las mujeres requieren procesos sostenidos que fortalezcan seguridad, autonomía, bienestar emocional y capacidad real de elegir proyectos de vida. La improvisación en este campo puede convertirse en acción con daño.

¿Qué es la acción con daño? En psicología e intervención humanitaria, son intervenciones bienintencionadas que, por falta de preparación, supervisión o enfoque técnico, terminan profundizando el sufrimiento, la exposición al riesgo o la vulnerabilidad de las personas que se pretenden acompañar.

Las preguntas que el Ministerio debe responder

Las respuestas del Minigualdad describen funciones de orientación, educación entre pares y canalización institucional. Al mismo tiempo, informaron que aún no contaban con consolidación final de resultados sobre personas orientadas, riesgos identificados y canalizaciones efectuadas.

La estrategia terminó en abril. Costó más de 2.400 millones de pesos. ¿Y no tienen consolidados los resultados?

Quienes trabajamos con proyectos sabemos que uno no espera a que un programa termine para preguntarse qué pasó. Sin monitoreo, ¿cómo se sabe si la intervención funcionó? ¿Cómo se identifican fallas? ¿Cómo se justifica el uso de recursos públicos?

Las preguntas concretas siguen sin respuesta: ¿cuántas mujeres salieron de la violencia prostitucional? ¿Cuántas accedieron a empleo digno, salud, vivienda? ¿Cuántas emprendieron? ¿Qué indicadores permiten afirmar que la estrategia fortaleció derechos y alternativas de vida?

Si se trabajó en zonas de prostitución, ¿qué mecanismos de identificación de trata de personas y explotación sexual se aplicaron? ¿Las educadoras tienen herramientas para identificar esos casos y direccionarlos? ¿Tuvieron medidas de autoprotección en esas zonas llamadas “rojas”? 

Coherencia que también se exige

Si las educadoras pares trabajan en territorios de prostitución, su visibilización debe ser cuidadosa. Sin embargo, en videos de publicación masiva aparecieron actividades como "reinados" y acciones políticas con arengas hacia el presidente. Esa exposición es irresponsable y podría constituir acción con daño.

En un gobierno que ha defendido el trabajo digno y la reducción de la intermediación laboral, la propia entidad reconoce que las 47 educadoras pares fueron vinculadas mediante tercerización. Esto no es un cuestionamiento contra las mujeres contratadas. Es una pregunta sobre coherencia: si hablamos de dignidad, autonomía y derechos, ¿cómo garantizar que quienes sostienen territorialmente estas estrategias también accedan a condiciones laborales consistentes con ese discurso?

Y una más: las condiciones migratorias son clave para evitar el proxenetismo y la explotación. Este gobierno restringió el acceso flexible a documentación para personas migrantes. Eso también es dignidad. Y también debería ser parte de cualquier estrategia  dirigida a mujeres en prostitución.

Lo que se mide es lo que importa

Las intervenciones efectivas no se miden por número de jornadas o personas contactadas. Se miden por reducción de violencias, acceso sostenido a derechos, estabilidad económica, salud mental, fortalecimiento de autonomía y posibilidades reales de elegir otros proyectos de vida.

La prostitución no se atiende con pañitos tibios.

Requiere acciones concretas, especializadas y responsables. Y requiere un Estado dispuesto a rendir cuentas.

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