¿Libre o explotada?: el Estado no distingue y las sobrevivientes quedan por fuera
- Prensa Empoderame
- 25 jun
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Actualizado: 26 jun
Desde la Fundación Empodérame recibimos con atención la respuesta oficial enviada por el Ministerio de Igualdad y Equidad al derecho de petición radicado por nuestra organización. La comunicación fue firmada por Charlotte Schneider Callejas, desde la denominada Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, una dependencia creada en 2023 bajo el Decreto 1075 y adscrita al Viceministerio de las Mujeres.
El 16 de junio de 2025, el Ministerio de Igualdad y Equidad emitió una respuesta oficial a la solicitud radicada por la Fundación Empodérame, relacionada con la inclusión de mujeres sobrevivientes del sistema prostitucional en políticas de empleabilidad, emprendimiento y desarrollo. La comunicación, firmada por Charlotte Schneider Callejas, directora de la Dirección para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, reconoce la trayectoria de la Fundación en la atención a mujeres víctimas de violencias estructurales, y agradece la oferta institucional de articulación.
En el documento se informa que, en el marco de las competencias asignadas por la Ley 2281 de 2023 y el Decreto 1075 del mismo año, el Ministerio ha formulado y aprobado el Programa “Garantías, Derechos y Alternativas de Vida para las Mujeres en Actividades Sexuales Pagas”. Este programa contempla tres componentes: la prevención de violencias y discriminación en los entornos donde se configuran servicios sexuales pagos; el desarrollo de alternativas de vida con acceso a educación, salud, empleabilidad, emprendimiento y bienestar; y un componente de acceso a derechos y condiciones de vida digna que incluye atención psicosocial, actualmente en fase precontractual y articulado con otras direcciones del Ministerio.
La respuesta también indica que las mujeres que han pasado por situaciones de trata de personas, prostitución ajena, explotación digital o migración forzada son abordadas a través del Programa de Abordaje Integral de las Violencias, implementado por la Dirección de Prevención y Atención de Violencias contra las Mujeres, mediante la línea Salvia, que funciona como sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de violencias basadas en género.
En cuanto al acceso a los programas actualmente estructurados, el Ministerio señala que los criterios de ingreso definidos corresponden a mujeres mayores de 18 años que oferten servicios sexuales pagos, de forma presencial o digital, y que lo hagan de manera autónoma y sin restricciones a su libertad. Además, deben encontrarse en entornos donde no haya indicios de delitos como trata de personas, explotación sexual o microtráfico, y en espacios legalmente constituidos ante las autoridades competentes. Se aclara que otros criterios podrán definirse en el marco de mesas técnicas o comités de seguimiento.
Por último, el Ministerio manifiesta que viene desarrollando procesos de diálogo y fortalecimiento con organizaciones sociales vinculadas a mujeres en actividades sexuales pagas y a la defensa de los derechos humanos de las mujeres en sus diversidades. Invita a la Fundación Empodérame a estar atenta a futuras acciones, actividades y convocatorias relacionadas con los ejes de prevención, atención de violencias, alternativas de vida y acceso a derechos.
Aunque valoramos que el Ministerio haya respondido formalmente, y reconozca nuestra trayectoria en la atención a mujeres sobrevivientes de violencias, consideramos urgente una reflexión crítica desde un enfoque feminista y de derechos humanos. El lenguaje, los supuestos ideológicos y los criterios excluyentes contenidos en dicha respuesta reflejan una política pública basada en lógicas de mercado y no en el principio de reparación integral.
Uno de los aspectos más graves de la respuesta oficial es que los programas ofrecidos —como Garantías, Derechos y Alternativas de Vida— están dirigidos exclusivamente a mujeres que actualmente ejercen “actividades sexuales pagas” de forma supuestamente “autónoma y sin restricción a sus libertades”.
Esto plantea una paradoja jurídica y ética:
¿Cómo verifica el Estado esa “autonomía”? ¿Qué protocolos existen para descartar coerción, trata, endeudamiento, migración forzada o violencia sexual previa?
La realidad es que el consentimiento en contextos de trata es jurídicamente irrelevante. Así lo reconocen estándares internacionales como el Protocolo de Palermo: una mujer puede haber “aceptado viajar” o “haber sabido a qué venía”, y aun así ser víctima de trata si hay abuso de poder, fraude, control o vulnerabilidad.
Ejemplo:
Una joven de 18 años, migrante sin redes de apoyo, es reclutada con la promesa de trabajar como camarera. Al llegar a una ciudad del Caribe colombiano, es obligada a ejercer prostitución para pagar una supuesta deuda de transporte y alojamiento. Ella acepta para evitar ser agredida y salvar también a su familia. Aunque nunca denunció, nunca gritó y aparece en plataformas digitales “ofertando servicios sexuales”, su situación configura claramente trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, en el marco institucional actual, esta joven podría ser clasificada como “mujer en actividad sexual paga autónoma” y quedar fuera de los programas de reparación.
El documento también establece que los programas están dirigidos únicamente a mujeres que actualmente “ofertan servicios sexuales pagos”. Esto excluye explícitamente a aquellas que han salido del sistema prostitucional, muchas de ellas después de haber enfrentado violencia extrema, trauma acumulado, persecución de redes criminales o desplazamiento forzado.
Esta política no solo ignora el principio de no repetición, sino que castiga a quienes luchan por reconstruir su vida fuera de los circuitos de explotación. ¿Dónde quedan los derechos de quienes escaparon, rompieron el silencio o intentan dejar atrás la prostitución?
El Ministerio establece como criterio de ingreso que las mujeres se encuentren “en establecimientos, calles o estudios donde no haya configuración de delitos como la trata o el microtráfico”, sin especificar cómo determina eso, ni con qué evidencia. Es decir, la carga de prueba recae sobre las mujeres, no sobre el Estado. Esto es especialmente grave considerando que muchas redes de trata operan desde clubes legales, casas privadas y plataformas virtuales, bajo apariencia de “trabajo sexual libre”.
El consentimiento, convertido en criterio absoluto para definir quién accede o no a derechos, es el núcleo ideológico más problemático de esta política. Desde el feminismo el consentimiento en contextos de prostitución no puede entenderse sin considerar:
Precariedad económica o emocional,
Racialización,
Experiencias previas de violencia sexual,
Dependencia migratoria o emocional,
Falta de alternativas reales,
Salud mental.
El consentimiento no es suficiente para descartar la existencia de explotación, ni puede ser usado por el Estado para justificar su inacción.
A pesar de reconocer la labor de Fundación Empodérame, el Ministerio no establece ninguna ruta concreta de articulación. Nos invita simplemente a “estar pendientes de las convocatorias”, desconociendo nuestro trabajo comprobado en identificación de casos, acompañamiento psicosocial y articulación interinstitucional en zonas de alto riesgo.
Esta omisión institucional debilita la acción territorial y excluye las voces críticas que cuestionan el enfoque oficial.
Reiteramos nuestra voluntad de diálogo, pero no renunciamos a nuestros principios: no puede haber política de igualdad mientras se legitime el mercado sexual como opción de vida para las mujeres más empobrecidas.
Seguiremos acompañando a las mujeres que han salido del sistema prostitucional, a quienes desean salir, y a quienes aún no han podido.
La prostitución es violencia. La trata no es una excepción. El consentimiento no puede ser el escudo que use el Estado para eludir su obligación de reparar, proteger y garantizar los derechos de todas las mujeres.
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