Proteger la vida sin cerrar el diálogo ciudadano con las mujeres.

El departamento del Cauca y, de manera particular, la ciudad de Popayán atraviesa un momento complejo en materia de seguridad ciudadana. Los recientes hechos de violencia y los atentados contra instalaciones policiales han llevado a las autoridades a reforzar medidas de protección institucional, redefiniendo de manera temporal el uso de espacios y el acceso de la ciudadanía a escenarios oficiales.

En este contexto, una comunicación emitida por la Policía Metropolitana de Popayán el 13 de enero de 2026 informó la imposibilidad de facilitar un espacio solicitado para la realización de un taller presencial con mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, argumentando razones logísticas y de seguridad asociadas al contexto de orden público y a los recientes atentados contra instalaciones policiales.

El encuentro tenía como propósito el desarrollo de un proceso formativo en autoprotección digital, autocuidado psicosocial y articulación comunitaria, en el marco del proyecto “Seguras y Conectadas”, iniciativa inscrita en el Banco de Iniciativas Comunitarias de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y ejecutada en articulación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este proyecto hace parte de los esfuerzos institucionales para el fortalecimiento de capacidades en la implementación del Acuerdo de Paz, la seguridad humana y el respeto por los derechos humanos.

La respuesta institucional recuerda el mandato constitucional de la Policía Nacional de garantizar los derechos y libertades públicas y la convivencia pacífica. Sin embargo, la decisión adoptada deja ver una tensión preocupante: medidas diseñadas para enfrentar la violencia terminan afectando espacios de diálogo, prevención y fortalecimiento comunitario, incluso cuando se trata de actividades avaladas institucionalmente y orientadas a la protección de liderazgos sociales.

Popayán, como otros territorios del país, vive los efectos de un conflicto persistente que exige respuestas urgentes e integrales. En ese escenario, restringir el acceso de organizaciones sociales a espacios institucionales en el marco de proyectos respaldados por el Estado y el sistema de Naciones Unidas envía un mensaje contradictorio frente a los compromisos asumidos con la Paz Total, el diálogo territorial y la participación ciudadana.

Las mujeres lideresas no somos un factor de riesgo para la seguridad. Por el contrario, nuestro trabajo comunitario, preventivo y organizativo ha sido históricamente una de las principales barreras frente a la expansión de la violencia, el reclutamiento, la criminalidad y la desconfianza institucional. Asociar, aunque sea de manera indirecta, la participación de mujeres organizadas en procesos de formación y prevención con amenazas al orden público resulta no solo injusto, sino contraproducente para la construcción de seguridad y paz.

Cuando los espacios de encuentro se cierran, lo que se debilita no es únicamente una agenda social, sino la posibilidad misma de construir seguridad desde la confianza, la corresponsabilidad y el diálogo territorial, pilares fundamentales de la seguridad humana. En este caso consideramos que con mecanismos básicos como una agenda concertada, una lista previa de asistentes confirmadas y protocolos diferenciados habrían permitido garantizar la seguridad sin cerrar las puertas a un proceso legítimo y necesario.

La coyuntura actual exige protocolos claros y con enfoque diferencial, que permitan proteger instalaciones y funcionarios sin sacrificar espacios de participación ciudadana, especialmente aquellos liderados por mujeres y orientados a la prevención de violencias. Fortalecer el diálogo territorial, articular esfuerzos con liderazgos sociales y garantizar escenarios seguros de encuentro no debilita la seguridad: la refuerza.

En el marco de la Paz Total y de los compromisos del Estado colombiano con la democracia participativa y la implementación del Acuerdo de Paz, el llamado es claro: proteger la vida y el orden público no puede implicar cerrar las puertas a quienes trabajan, de manera articulada con el Estado y las Naciones Unidas, por la paz, la prevención y la convivencia. En contextos de crisis, más diálogo es una condición indispensable para construir una seguridad humana en el país.

Encuentra aquí la comunicación oficial

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