Presentamos la radiografía de la trata de personas en el Congreso de la República
- Prensa Empoderame
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En el Congreso de la República, la mesa técnica sobre trata de personas convocada por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien viene trabajando con Empodérame en visibilizar el flagelo de la trata de personas. En su mensaje la congresista sostenía entre las manos el reconocimiento que la Fundación Empodérame le entregó meses atrás. Lo levantó hacia la cámara como quien agradece un gesto que pesa más que un objeto: “Este trabajo que ustedes hacen es un trabajo que debería hacer el Estado, pero que hoy no está haciendo”, dijo sin rodeos. Agradeció y advirtió que los datos que Empodérame lleva al Congreso son los que hoy permiten construir política pública en un país donde el fenómeno de la trata parece haberse quedado sin quien lo mida y sin quien lo dirija.
Posteriormente, Claudia Yurley Quintero Rolón, psicóloga, especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y directora de la Fundación Empodérame, tomó la palabra. Frente a los presentes y ante quienes seguían la transmisión, explicó que esa ausencia del Estado no es una metáfora: “Este es el momento donde peor están las víctimas de trata en el país en los últimos cinco gobiernos”, dijo con la serenidad de quien sostiene las palabras desde la evidencia.
La historia que relató no empezó en Bogotá, sino en la frontera. Después del recrudecimiento de la violencia y el desplazamiento en el Catatumbo, Empodérame decidió concentrar su investigación en Cúcuta y Villa del Rosario, territorios donde según el Ministerio del Interior, se reportan más casos de trata de personas que en cualquier otra región del país. El equipo diseñó y validó una entrevista semiestructurada de casi setenta preguntas. No se convocó a “víctimas de trata”; se invitó a mujeres sobrevivientes de violencias, como ellas mismas se nombran, y se construyó un espacio de escucha sin anticiparles que allí se medirían indicadores de explotación sexual.
El resultado fueron 91 entrevistas individuales, realizadas entre enero y octubre del año, con acompañamiento psicosocial y jurídico. El informe ya está en manos de la congresista, pero Claudia llevó al Congreso una presentación con los hallazgos más importantes, construidos sin especulaciones, sin proyecciones y sin inferencias: únicamente con lo que las mujeres dijeron y autorizaron.
En la mesa, Claudia explicó que lo primero que apareció en esas entrevistas fue el continuum de violencias: pobreza estructural, desplazamiento, migración, maternidad temprana, historia de abusos infantiles, ausencia de redes y violencias machistas acumuladas. Nada estaba aislado; todo estaba conectado. Y en medio de esa trama, se encontraron indicadores de prostitución, trata y explotación sexual que ninguna de las mujeres había ido a “contar” intencionalmente.
Una cifra estremeció la sala: el 85% de las mujeres que estaban en prostitución actual u ocasional habían sufrido violencia sexual en la infancia o la adolescencia. Claudia precisó que el número aumentó respecto a caracterizaciones anteriores, en parte por la presencia de mujeres migrantes con historias de abuso infantil que, en muchos casos, nunca fueron nombradas en sus países de origen. Lo dijo sin dramatismo, casi con pudor profesional: “Encontramos que las trayectorias de vida muestran esa continuidad. Lo que ocurre en la niñez condiciona lo que ocurre más adelante”.
Uno de los momentos más duros de la exposición llegó cuando Claudia narró lo que las mujeres decían sobre su forma de supervivencia. No hablaban de “prostitución”. Usaban expresiones como “acompañamientos”, “favores”, “servicios ocasionales”, “hacer un rato cuando no da la venta”. Lo relató tal como salió en las entrevistas, sin adornos, porque esa es la forma en que la explotación se nombra cuando no se tiene alternativa económica.
Otro hallazgo que no dejó indiferente a nadie fue el de la participación en prostíbulos siendo menores de edad, que apareció en más del 50% de los casos. Claudia lo enunció con cuidado: “Es increíble encontrarlo en más de la mitad de las mujeres entrevistadas, y lo más duro es que muchas de esas experiencias nunca fueron vistas como explotación, sino como algo que ‘tocó’ hacer”.
La caracterización también reveló que el 39,6% de las mujeres son migrantes venezolanas. La mayoría no tiene documentos, pues el Permiso de Protección Temporal está suspendido, y sin él no pueden acceder a la encuesta de vulnerabilidades que en Colombia se llama SISBEN ni al derecho a la salud. Claudia explicó el impacto de ese vacío: mujeres gestantes, mujeres con enfermedades crónicas, mujeres con infecciones de transmisión sexual que solo pueden ser atendidas por urgencias. “Les quitamos los documentos, les cerramos las posibilidades. ¿Cómo esperamos que sobrevivan?”, planteó.
Respecto al componente étnico, señaló que, aunque Cúcuta y la frontera no son territorios mayoritariamente afro, el 25,3% de las mujeres entrevistadas se identificaron como afrodescendientes. “Esto es sobrerrepresentación. El racismo también es un factor de vulnerabilidad”, puntualizó.
Hasta este punto, la sala estaba en silencio. Pero la parte institucional apenas comenzaba.
Claudia relató cómo funciona hoy la ruta de trata en Colombia: formularios de 21 páginas que activistas deben llenar sin ningún apoyo estatal; correos que tardan semanas en responder; mujeres que desisten porque la llamada inicial proviene de policías que no están formados; un Comité Nacional de Lucha contra la Trata disperso entre más de veinte entidades donde nadie asume liderazgo; y un Ministerio del Interior que no está garantizando las ayudas materiales que la ley ordena: arriendo, alimentación, afiliación a salud, acompañamiento jurídico.
“Casi todos los derechos de las víctimas que hemos logrado han sido por tutela”, dijo.
Y agregó: “Las víctimas ya no denuncian porque, como ellas dicen, estas redes no las manejan personas con las que se pueda negociar. Son rufianes”.
La sala tomó nota cuando Claudia señaló que el Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía rara vez incluye a mujeres que han denunciado proxenetas. “Es más fácil que haya cupos para un narcotraficante que para una mujer que puso en riesgo su vida denunciando a su tratante”, dijo sin alzar la voz.
También habló del Fondo de Víctimas de Trata, que en teoría debería usar bienes incautados para reparar a las mujeres. La realidad es que las casas donde explotaban niñas y mujeres terminan bajo administración estatal, sin llegar nunca a quienes fueron violentadas allí. “No les llega nada”, resumió.
Para cerrar, Claudia insistió en tres puntos esenciales que deberían quedar consignados en la reforma legislativa que mejorará la ley anti trata en Colombia.
Primero, una entidad responsable, con rostro, presupuesto y capacidad real; segundo, protección efectiva para las víctimas; y tercero, que los recursos e inmuebles incautados sirvan a las mujeres, no a la burocracia.
La sesión concluyó sin aplausos, pero con algo más importante: la sensación de que el relato de la frontera había quebrado cualquier intento de minimizar el sufrimiento de las mujeres. Lo que quedó claro es que en Colombia la trata no es un delito abstracto y son cientos de víctimas que, como dijo Jennifer Pedraza no están siendo atendidas por el Estado que debería protegerlas.
La Fundación Empodérame dejó un mensaje final que no fue consignado como consigna, sino como constatación:
Las mujeres que deberían llenar estos salones están resolviendo su supervivencia en otros lugares.
Y esa es, precisamente, la prueba más dolorosa del abandono estatal.
Encuentra aquí:
Y la sesión completa de la Audiencia Pública:
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