Ponencia: Mujeres colombianas víctimas de trata en España – un análisis desde el caso colombiano

La prostitución y la trata de personas constituyen fenómenos interrelacionados que reflejan la violencia estructural más extrema contra las mujeres y niñas. En tanto psicóloga y defensora de derechos humanos, abordo este análisis desde una perspectiva psicosocial, feminista y abolicionista, reconociendo que la prostitución no es un trabajo sino un sistema de violencia donde se sostienen redes criminales de trata. Esta ponencia visibiliza la situación específica de las mujeres colombianas víctimas de trata en España, con énfasis en la migración venezolana, la expulsión de nacionales al exterior, la crisis de seguridad en Colombia y las limitaciones de la cooperación internacional. La ponencia busca aportar un sustento académico y político para la construcción de una agenda abolicionista binacional.

1. Prostitución como mercado de la trata

La trata con fines de explotación sexual se sostiene en el mercado prostituyente, donde los cuerpos de mujeres y niñas se convierten en mercancía. La Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra la mujer ha señalado que la prostitución constituye una forma de violencia masculina, y que los compradores de sexo son los principales sostenedores del sistema. En Colombia, organizaciones feministas abolicionistas han documentado que alrededor del 80% de las mujeres en prostitución atendidas han sido víctimas de trata. Esto contradice la narrativa de la “libre elección” y evidencia que la prostitución y la trata forman parte de un mismo continuum de violencia.

2. Colombia como país de origen, violencia armada y migración venezolana

Colombia es un país de origen, tránsito y destino de trata de personas, pero destaca como país expulsor de mujeres jóvenes hacia Europa, especialmente España. La crisis migratoria venezolana ha alterado el mercado prostituyente en el país: la llegada masiva de mujeres en situación de vulnerabilidad generó una sobreoferta, lo que produjo la expulsión de mujeres colombianas a mercados europeos y norteamericanos. A esta dinámica se suma el recrudecimiento del conflicto armado interno y la violencia de grupos ilegales.

La política de “Paz Total” del gobierno actual, aunque ambiciosa, no ha logrado frenar la violencia. Masacres, asesinatos de líderes sociales, desplazamientos masivos y reclutamiento de menores siguen siendo cotidianos. En regiones como el Catatumbo, Cauca y Nariño, las mujeres son víctimas de explotación sexual por parte de grupos armados ilegales, lo que se traduce en expulsión forzada de comunidades, vulnerabilidad económica y mayor riesgo de ser captadas por tratantes. El narcotráfico y las economías criminales alimentan estas violencias. En 2025, atentados como los ocurridos en Cali y Antioquia confirmaron la degradación de la seguridad y la fragmentación del conflicto, lo que intensifica la expulsión de mujeres y niñas hacia redes internacionales de explotación.

Este fenómeno tiene dos implicaciones clave:

• Acceso a documentos: las mujeres colombianas pueden obtener con mayor facilidad pasaportes y visados, a diferencia de muchas venezolanas, lo que facilita su traslado hacia España.

• Competencia en el mercado prostituyente: la presencia de migrantes venezolanas en la prostitución interna empujó a proxenetas a buscar nuevos destinos de explotación para mujeres nacionales. Así se configuró una nueva fase de trata transnacional.

  
  

3. Métodos de captación y traslado

En los casos recientes atendidos, el 63% de las mujeres colombianas explotadas en España fueron captadas en su país. Los tratantes emplean estrategias como:

• Promesas de empleo en hostelería, cuidado y limpieza.

• Relaciones afectivas manipuladas (novios o parejas ficticias).

• Ofertas de “trabajo sexual” encubiertas, ocultando las condiciones de explotación.

  
  

Las rutas más comunes incluyen vuelos comerciales hacia Madrid y Málaga, ingresando como turistas. Muchas mujeres son obligadas a endeudarse con los gastos de viaje, lo que deriva en servidumbre por deudas.

4. Condiciones de explotación en España

El promedio de explotación para mujeres colombianas en España es de 9,5 meses. Durante este tiempo enfrentan:

• Confinamiento en pisos vigilados.

• Deudas ficticias y multas arbitrarias.

• Amenazas contra familiares en Colombia.

• Control de documentos y aislamiento social.

  
  

Las regiones más afectadas son Andalucía y Madrid. El perfil recurrente: mujeres de entre 20 y 25 años, con estudios secundarios, provenientes de contextos de pobreza y violencia.

5. Impactos psicosociales

Desde la psicología clínica y social, la trata y la prostitución producen daños comparables a los de contextos de guerra. El Trastorno de Estrés Postraumático Complejo es recurrente: ansiedad, disociación, hipervigilancia y depresión crónica. Estos síntomas derivan en vínculos traumáticos con proxenetas, sentimientos de indefensión aprendida y pérdida de autonomía. El abuso reiterado deteriora la autoestima, la capacidad de agencia y produce impactos transgeneracionales. La ausencia de programas de salida especializados implica que apenas un 2% de las mujeres atendidas logran salir definitivamente del sistema prostituyente.

6. Limitaciones de la cooperación internacional

El Informe de Trata del Departamento de Estado 2024 subraya la ausencia de un sistema centralizado de datos en Colombia y la baja judicialización: en 2023 solo 56 personas fueron procesadas por trata sexual. España, por su parte, enfrenta vacíos probatorios: el 20% de los procesos concluyen en absoluciones por falta de evidencia clara de coerción. A esto se suma la falta de protocolos consulares efectivos para las víctimas colombianas y la débil coordinación en reparaciones transnacionales.

7. Sanción a demandantes y explotación transnacional

El caso colombiano muestra cómo la demanda española es el motor de la explotación. España es uno de los mayores mercados de prostitución en Europa, sin sanciones contundentes a compradores. En contraste, países como Francia y Suecia han penalizado la compra de sexo, financiando programas de salida con resultados positivos. La sanción a los puteros es indispensable para cortar la cadena de explotación.

8. Responsabilidad de la Unión Europea

La Unión Europea tiene responsabilidad en abordar la trata desde una perspectiva transnacional. Como garante del Acuerdo de Paz de 2016 y actor clave en programas de cooperación, la UE no puede limitarse a financiar proyectos humanitarios: debe exigir sanciones a los compradores, fortalecer la justicia en Colombia y garantizar fondos de reparación. El Parlamento Europeo ya ha reconocido la prostitución como violencia, lo que obliga a coherencia en sus relaciones bilaterales con Colombia y España.

La UE también debe reforzar los programas de protección de mujeres migrantes, invertir en procesos de salida, y presionar para que la política de “paz total” integre la perspectiva de género. Mientras los grupos armados sigan controlando territorios con explotación sexual, cualquier proceso de paz será incompleto.

9. Reparación integral y diplomacia feminista

Las mujeres retornadas enfrentan estigmatización y pobreza. Es urgente implementar:

• Programas integrales de salida con vivienda, empleo y atención psicosocial.

• Regularización migratoria para víctimas colombianas en España.

• Fondos de reparación transnacional provenientes de bienes incautados.

• Diplomacia feminista que priorice la defensa de ciudadanas explotadas en el exterior.

Conclusiones

El caso colombiano muestra que la prostitución y la trata forman parte de un sistema global de explotación sostenido por la demanda en países como España y por la violencia armada y criminal en Colombia. La crisis migratoria venezolana, la inseguridad, el reclutamiento forzado y la ausencia de programas de salida alimentan este ciclo. La psicología demuestra los daños profundos que estas experiencias generan en la salud mental y social de las víctimas. Sin sanción a los compradores, sin cooperación internacional eficaz y sin políticas feministas de reparación, la impunidad persistirá.

La única salida justa y sostenible es el abolicionismo: sancionar a los puteros, reconocer a las mujeres en prostitución como víctimas de violencia estructural y construir políticas diplomáticas y de reparación transnacional. La Unión Europea debe asumir un rol activo y corresponsable, entendiendo que la explotación de mujeres colombianas en su territorio no es un fenómeno aislado, sino parte de un entramado global que perpetúa la desigualdad y la violencia de género.