Niño refugiado pierde acceso a salud en Colombia por decisión del gobierno

Su madre, sobreviviente de trata de personas, había sido aceptada para reasentamiento en EE.UU., pero su viaje fue cancelado por políticas migratorias internacionales. Hoy la justicia colombiana debe decidir sobre su futuro.

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2025. 

Mariana* y su hijo Sebastián*, de 4 años, llegaron a Colombia buscando un refugio seguro. Ella sobrevivió a la trata de personas en Ecuador, donde fue explotada sexualmente y sometida a amenazas constantes. Tras escapar de sus tratantes en 2021, cruzó la frontera para reencontrarse con su familia y rehacer su vida. Desde entonces ha luchado por reconstruirse como mujer, como madre y como sobreviviente.

El pequeño Sebastián, nacido en medio de esta travesía de violencia, debería haber crecido con protección del Estado. Sin embargo, hoy se encuentra sin afiliación en salud, sin acceso a controles médicos ni vacunas, y con su solicitud de refugio archivada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que parecía un nuevo comienzo se convirtió en un laberinto de trámites y exclusiones.

La esperanza rota en Estados Unidos

En diciembre de 2023, Mariana y su hijo fueron seleccionados para el programa de Reasentamiento en América Latina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Su caso fue aprobado condicionalmente por las autoridades migratorias de Estados Unidos: se trataba de un reconocimiento a su situación de riesgo como mujer víctima de trata y madre sola.La carta oficial que recibió le confirmaba que su solicitud había sido aceptada, abriéndole la posibilidad de rehacer su vida en un tercer país.

Pero la política migratoria del  presidente Donald Trump cada vez más dura y restrictiva frente a familias venezolanas y migrantes en situación de vulnerabilidad cambió el rumbo de su historia. El reasentamiento fue cancelado. “Sentí que nos quitaron el piso, como si hubiéramos quedado en el aire”, recuerda Mariana en los testimonios recogidos por la Fundación Empodérame, organización que la acompaña desde hace dos años.

El refugio negado en Colombia

Después del golpe, Mariana decidió insistir en Colombia: solicitó formalmente el reconocimiento de la condición de refugiado para su hijo en julio de 2023. Este trámite debía garantizarle a Sebastián el acceso a salud, educación y protección contra el riesgo de apatridia.

Sin embargo, en dos ocasiones la Cancillería la citó a entrevistas virtuales para continuar el proceso y no pudo asistir. La primera vez, en junio de 2025, atravesaba una crisis depresiva severa, documentada por profesionales que la acompañan. La segunda vez, en julio de 2025, le habían robado el celular y no tenía recursos para conectarse a internet. Circunstancias de fuerza mayor que cualquier madre en condición de pobreza puede comprender, pero que para el Estado colombiano fueron suficientes para archivar el caso.

El 3 de septiembre de 2025, el Grupo Interno de Trabajo de Determinación de la Condición de Refugiado de la Cancillería le notificó que el trámite quedaba archivado de manera definitiva y que “no procede su desarchivo”. Con esa decisión, no solo se cerró una carpeta administrativa, también se dejó a un niño de 4 años sin protección internacional, sin salud y sin las garantías que la Constitución colombiana y los tratados internacionales aseguran a toda niñez.

Hoy Sebastián aparece en el sistema de salud como “RETIRADO”. Esto significa que no tiene acceso a controles médicos básicos, ni a vacunas, ni a un pediatra en caso de urgencia. “Estamos hablando de un niño pequeño, que ya sufrió el desarraigo y la violencia, y que ahora vive en riesgo solo porque su mamá no pudo conectarse a internet para una cita virtual”, señala Claudia Quintero, psicóloga  y directora de la Fundación Empodérame.

Para una familia con recursos, perder una cita puede ser una molestia. Para una madre en situación de pobreza y con depresión, significa la diferencia entre que su hijo reciba atención médica o quede desprotegido.

La voz de la Fundación Empodérame en acción.

“Lo que pedimos no es un privilegio. Pedimos que el Estado cumpla con su obligación constitucional de proteger a los niños y niñas, sin importar su nacionalidad. La Cancillería no puede cerrar los ojos ante las condiciones de extrema vulnerabilidad de Sebastián y su madre. La vida de un niño no se archiva”, declaró Quintero.

La Fundación Empodérame interpuso una acción de tutela en representación del menor, buscando que se reabra el trámite de refugio y que se reactive de inmediato su afiliación a salud.

El caso de Mariana y Sebastián no es aislado. Colombia, como país de acogida, enfrenta un reto inmenso: garantizar que las niñas y niños migrantes no queden atrapados en un limbo administrativo. La Corte Constitucional ya ha recordado en múltiples fallos que los derechos de los niños prevalecen sobre cualquier otra consideración, incluyendo nacionalidad o trámites pendientes.

Además, el país es signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas. Estos compromisos obligan al Estado a aplicar un enfoque diferencial y a garantizar ajustes razonables cuando las víctimas atraviesan situaciones de fuerza mayor.

El futuro de Sebastián depende de una decisión judicial: que un juez ordene reabrir el trámite de refugio y reactive su acceso a salud. De lo contrario, este niño seguirá expuesto a la desprotección y a la exclusión institucional, a pesar de que la propia Constitución en su artículo 44 asegura la primacía de sus derechos.

Pero más allá del caso puntual, lo que está en juego es si Colombia reconocerá que los derechos humanos de la niñez migrante son universales, o si continuará archivando vidas bajo la excusa de trámites incumplidos.

Una acción que busca reparación

La tutela interpuesta por la Fundación Empodérame solicita tres medidas urgentes:

1. Reabrir el caso de refugio y programar una nueva entrevista accesible.

2. Reactivar de inmediato la afiliación en salud de Sebastián, para que no corra más riesgos.

3. Garantizar que decisiones administrativas no sean obstáculo para los derechos fundamentales de la niñez en situación de vulnerabilidad.

   
   

Este caso nos recuerda que detrás de cada trámite migratorio hay historias de vida. Mariana y Sebastián no son números en un archivo: son personas que merecen vivir con dignidad.

La Fundación Empodérame hace un llamado a la opinión pública, a los medios y a las instituciones nacionales e internacionales a acompañar este proceso, visibilizar la situación y exigir que se garanticen los derechos de todos los niños y niñas, sin importar de dónde vengan.

Si quieres apoyar a Sebastián y a su mamá económicamente comunícate con nosotras  contacto@empoderame.org 

*Nombres cambiados para proteger la identidad de madre e hijo.