Ni cheque en blanco ni desmantelamiento: nuestra posición frente a la JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz debe ser evaluada con rigor. Las demoras, la complejidad de sus procedimientos y la distancia entre las expectativas de las víctimas y los resultados obtenidos no pueden seguir tratándose como asuntos secundarios.
Desde la Fundación Empodérame hemos acompañado durante cinco años a víctimas de violencia sexual ante la JEP, particularmente en asuntos relacionados con el Caso 11. Aunque la Jurisdicción reporta más de 630 víctimas acreditadas, nuestras representadas todavía no perciben avances sustantivos ni señales concretas de justicia. En septiembre de 2026, la propia JEP tuvo que llamar a diecinueve comparecientes de las antiguas FARC a profundizar sus versiones sobre violencia sexual, reproductiva y basada en género. Consultar información oficial del Caso 11
Las responsabilidades por las demoras también deben ser diferenciadas. En el Caso 07, la JEP remitió a Héctor Albeidis Arboleda, conocido como el Enfermero, a la Unidad de Investigación y Acusación por negar su participación y responsabilidad en violencias reproductivas. La Jurisdicción también estableció un universo de 18.677 niñas y niños reclutados por las antiguas FARC y, en abril de 2026, llamó a veinte exintegrantes a reconocer responsabilidad como máximos responsables regionales. Ver comunicado oficial de la JEP
Estos hechos demuestran que la evaluación debe comprender tanto la gestión de la JEP como el cumplimiento individual de los comparecientes. Los beneficios de la justicia transicional dependen del aporte pleno de verdad, el reconocimiento de responsabilidad, la reparación y las garantías de no repetición.
Coincidimos con el jurista y exministro de Justicia Yesid Reyes en que la JEP:
Yesid Reyes Alvarado, abogado penalista, académico y exministro de Justicia, no propone eliminar la JEP. Su crítica se dirige a la “visión maximalista” con la que, a su juicio, la Jurisdicción ha asumido tareas que exceden su función y ha extendido su actuación más allá de los máximos responsables. Advierte que esta dispersión ha alargado los procedimientos, retrasado las sentencias y alimentado ante la ciudadanía la percepción de que la institución no funciona adecuadamente. Por eso plantea “acotar su trabajo a lo que es”: cumplir estrictamente el mandato legal, establecer prioridades y producir decisiones dentro del plazo previsto. Su postura permite defender la continuidad de la justicia transicional y, al mismo tiempo, exigirle resultados oportunos, límites institucionales y responsabilidad frente a las víctimas. Ver entrevista.
Colombia atraviesa una crisis fiscal que obliga a todas las instituciones a administrar sus recursos con austeridad. Por eso consideramos legítimo revisar el presupuesto de la JEP, identificar gastos prescindibles, eliminar duplicidades administrativas y trasladar recursos hacia las funciones judiciales directamente relacionadas con las víctimas, las investigaciones, las sentencias y la ejecución de las sanciones.
Lo que no respaldamos es un recorte general utilizado como retaliación política. Quitar recursos sin una evaluación técnica puede paralizar procesos, afectar la protección de víctimas y testigos y terminar aumentando las mismas demoras que hoy se cuestionan. La propuesta de reducir $100.000 millones debe estar acompañada de un análisis público que indique cuáles gastos se modificarían y cuál sería su impacto real. Conocer el debate presupuestal
Proponemos una evaluación técnica e independiente que examine costos, resultados, tiempos procesales, cumplimiento de metas y aportes de verdad de los comparecientes. A partir de sus conclusiones podrían reajustarse los recursos, reducirse la estructura administrativa y concentrarse el presupuesto en los procesos que deben producir justicia para las víctimas.
La JEP tampoco debe convertirse en una institución indefinida. La Ley Estatutaria 1957 de 2019 establece diez años de funcionamiento y cinco años adicionales para concluir su actividad jurisdiccional. Tomando como referencia su entrada en funcionamiento en 2018, el periodo ordinario se extendería aproximadamente hasta 2033. La ley permite una prórroga extraordinaria de cinco años mediante otra ley, pero desde Empodérame consideramos que la JEP debe organizarse para cumplir su mandato dentro del periodo ordinario, sin acudir a esa ampliación adicional.
Creemos que la JEP debe conservar su independencia, ser evaluada, ajustar su gasto a la realidad económica del país y producir resultados verificables. No apoyamos un cheque en blanco, pero tampoco su desfinanciación por venganza política.
Las víctimas necesitan una Jurisdicción menos burocrática, más austera, más transparente y concentrada en su deber: establecer responsabilidades, impartir justicia y garantizar verdad, reparación y no repetición.
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