Neoliberalismo con rostro de inclusión: así se maneja el dinero público en el Ministerio de Igualdad
- Prensa Empoderame
- 30 may
- 3 Min. de lectura
Desde la Fundación Empodérame, organización de base feminista y defensora de derechos humanos de mujeres en contextos de violencia, expresamos nuestra preocupación frente a la forma como el Ministerio de Igualdad y Equidad, liderado inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez, ha estructurado el manejo de recursos públicos a través de una figura que, aunque legal, facilita la opacidad y evita el control social y político: el Fondo Fonigualdad.
¿Qué es Fonigualdad?
Fonigualdad fue creado por el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 como un patrimonio autónomo administrado por una fiducia pública (Fiduagraria), con el propósito declarado de superar desigualdades territoriales y poblacionales. Sin embargo, el modelo elegido para su operación es el derecho privado, lo que significa que:
No se aplican los principios de la Ley 80 de 1993 (contratación estatal).
No hay licitación pública ni convocatoria abierta.
No se exige publicación detallada en SECOP II.
La supervisión se vuelve opaca, sin mecanismos eficaces de rendición de cuentas.
En otras palabras: una estructura institucional supuestamente diseñada para la igualdad, opera con herramientas clásicas del neoliberalismo financiero.
¿Para qué se usa ese modelo?
El Fondo ha permitido contratar personas por prestación de servicios, muchas veces con vínculos personales o afinidades ideológicas, sin control ciudadano, sin control político del Congreso y sin veeduría fiscal visible. Uno de los casos más graves es el de la contratista Deyci Alejandra Omaña Ortiz, conocida como Amaranta Hank, quien desde su cargo ha relatado públicamente testimonios de mujeres víctimas de violencia sexual sin autorización ni competencias profesionales, en un rol para el cual no está ni habilitada legalmente ni respaldada contractualmente.
Esto representa una extralimitación de funciones, una violación a la confidencialidad y una exposición de víctimas, todo ello bajo el silencio institucional del Ministerio.
Contradicciones de fondo
El Ministerio de Igualdad, que en el discurso defiende una política pública feminista y antirracista, en la práctica reproduce esquemas neoliberales, al:
Tercerizar la ejecución presupuestal.
Desdibujar la responsabilidad directa del Estado.
Contratar bajo esquemas sin garantías laborales ni evaluación técnica.
Utilizar vocerías públicas sin idoneidad para representar a las víctimas.
Desde Empodérame, afirmamos que no puede haber verdadera igualdad cuando la transparencia es sacrificada en nombre de la supuesta eficiencia, ni puede haber reparación real si el dolor de las mujeres se instrumentaliza para discursos sin ética ni responsabilidad profesional.
Exigimos:
Desmonte progresivo del modelo fiduciario como mecanismo de contratación masiva sin control dentro del Ministerio de Igualdad.
Rendición de cuentas pública sobre los contratos financiados por Fonigualdad, incluyendo nombres, funciones, resultados e informes.
Investigación disciplinaria y fiscal a las contrataciones con evidencia de extralimitación funcional o manejo indebido de información sensible.
Garantías reales para las mujeres peticionarias, lideresas y víctimas que han entregado información confidencial al Mecanismo Articulador, hoy en riesgo de ser manipulada o mal utilizada.
Hoy, más que nunca, debemos preguntarnos qué tipo de Estado estamos construyendo cuando incluso en nombre de la igualdad se reproducen lógicas de mercado, se terceriza la dignidad y se administra el dolor con la frialdad de un contrato. No se trata solo de exigir transparencia financiera, sino de recordar que cada peso público mal ejecutado en nombre de las mujeres representa una oportunidad perdida de justicia, una herida que no sana, una sobreviviente que no encuentra respaldo real. La verdadera transformación empieza cuando el Estado escucha, repara y protege con rigor, y no cuando delega esa responsabilidad en figuras vacías de contenido y llenas de espectáculo.
En ejercicio a nuestro derecho protegido legal y constitucionalmente de hacer veeduría y en concordancia con nuestro trabajo por la causa, manifestamos nuestras preocupaciones en este documento sobre lo conocido, aún con las limitaciones anteriormente mencionadas, que expresamos de manera transparente como ciudadanas participes.
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