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La violencia estructural no puede ser llamada trabajo


A través de la historia de Tatiana, una mujer de Manizales que lleva 20 años en las calles del barrio Santa Fe, en Bogotá, la periodista Ana María Rodríguez en su reportaje publicado el lunes 30 de junio en El Espectador, contextualiza la realidad de una sobreviviente de explotación sexual, con datos de la más reciente caracterización de las llamadas Actividades Sexuales Pagas (ASP) por parte de la Secretaría de la Mujer.


El reportaje “Lo hubiera pensado dos veces: 20 años en las calles del Santa Fe”, presenta con crudeza y humanidad la experiencia de una mujer atrapada desde su adolescencia y por más de la mitad de su vida en un sistema de violencia y exclusión. Su historia expone las múltiples formas de violencia, revictimización, estigma, abandono institucional y falta de oportunidades que enfrentan muchas mujeres en estos contextos de prostitución. Este relato no solo humaniza y revela la magnitud de una realidad estructural, sino que la sitúa dentro del panorama de una Bogotá, un país y una sociedad que ha normalizado e ignorado las dinámicas de explotación sexual.


La caracterización realizada por la Secretaría de la Mujer de Bogotá respalda esta narrativa: evidencia un entorno marcado por la desigualdad, la violencia sistemática y la desprotección institucional hacia quienes, por condiciones de extrema vulnerabilidad, se ven obligadas a entrar en estas dinámicas. La falta de protocolos y rutas claras de atención, prevención y justicia agrava la situación de mujeres, en su mayoría jóvenes, migrantes y pobres, que sobreviven diariamente y con mucho temor este flagelo.


Desde la Fundación Empodérame reconocemos esta realidad porque la vivimos de cerca. A través de nuestra labor acompañamos de forma jurídica, psicológica y asistencial a mujeres víctimas de explotación sexual, logrando avances incluso en instancias judiciales como la Corte Constitucional.


Como parte de este trabajo, desarrollamos la Caracterización de la Explotación Sexual en Medellín, cuyos hallazgos en algunos casos, contrastan y convergen con los de Bogotá. Identificamos patrones comunes de vulneración, especialmente entre mujeres migrantes venezolanas, madres cabeza de hogar y jóvenes con baja escolaridad, pero también diferencias territoriales importantes que deben abordarse con enfoques y protocolos diferenciados.


Lo que ambas caracterizaciones dejan claro es que la explotación sexual no es un fenómeno aislado, ni puede ser comprendido bajo discursos que lo equiparan con el "trabajo”. En cambio, responde a estructuras inequitativas que perpetúan la violencia contra las mujeres y que, en muchos casos, se solapan con prácticas de trata de personas.


La regulación de la prostitución, como propuesta política, sin enfoques diferenciales ni garantías de derechos, corre el riesgo de institucionalizar la violencia, legitimando un sistema que se lucra con los cuerpos de mujeres vulnerables, acercándose cada vez más a las niñas y adolescentes.


Nos preocupa profundamente que esta problemática no solo persista, sino que se agrave ante la indiferencia de instituciones, autoridades y sectores políticos. La falta de voluntad real, articulación y recursos por parte del Estado abona un terreno fértil para la impunidad.


Como organización sin ánimo de lucro, reiteramos que no podemos, ni debemos, reemplazar las funciones que competen a las entidades estatales, las únicas con la capacidad legal y estructural de erradicar esta forma de violencia.


Según la caracterización de Bogotá, el 80,6% de quienes ejercen ASP son mujeres; más del 50% son migrantes, el 74% tiene entre 18 y 40 años, el 47,7% ha sufrido violencia durante esta actividad y el 55,4% reporta afectaciones a su salud mental. En Medellín, los datos obtenidos por la Fundación Empodérame refuerzan esta imagen: múltiples formas de violencia, revictimización institucional, ausencia de redes de apoyo y una normalización social que invisibiliza el daño. Estos no son solo números. Son historias de vida que resisten entre el abandono y la exclusión, y que exigen respuestas urgentes desde una perspectiva de derechos humanos, género y justicia social.



Reconocer esta problemática implica ir más allá de los discursos de regularización de la prostitución, que muchas veces ocultan la trata de personas o la explotación sexual bajo un lenguaje neutral. ¿A quién beneficia realmente este modelo? ¿Quiénes están pagando el costo con su salud, su cuerpo y su dignidad? Es momento de asumir una postura ética, abolicionista y comprometida con los derechos de las mujeres más vulnerables. No hay justicia mientras sus vidas sigan tratando de sobrevivir en esta violencia. #NoALaTrata #Caracterizacion #ASP #Mujeres #Bogota #Medellin #Investigacion #Explotacion #Prostitucion


 
 
 

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