Estigmatización de las víctimas de trata de personas: Al ser consideradas “trabajadoras sexuales”, temen que su historia no tenga credibilidad.

Las niñas y mujeres son víctimas históricas de explotación sexual en la prostitución y de trata sexual por parte de los diferentes grupos armados y grupos al servicio del narcotráfico, lo cual se agrava en el marco de la conmoción interior en el Catatumbo.

“El contexto particular del conflicto armado interno desde hace varias décadas, a pesar de los procesos de paz y justicia transicional, provee un desafortunado escenario de afectaciones específicas que horadan el goce específico y el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres colombianas. El uso de la violencia sexual como arma de guerra en la confrontación armada en Colombia es cada vez más evidente; esta hace parte de un conjunto de prácticas comunes en el contexto de degradación de la guerra. El control físico, el confinamiento y retención arbitraria, violación, desnudez forzada, aborto forzado, embarazo forzado, contagio forzado de ITS, explotación sexual en la prostitución, trata con fines de explotación sexual, entre otras graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, hacen parte del control simbólico de un territorio y su población. Por lo general, la intimidación y la amenaza directa obligan a las mujeres y a sus comunidades a guardar silencio y a no denunciar estas prácticas atroces e invisibles de la guerra” (María Cristina Hurtado Sáenz, “Promoción y monitoreo de derechos sexuales y reproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violencia intrafamiliar y sexual”. Defensoría del Pueblo-OIM-USAID, 2008.) 

La crisis humanitaria del Catatumbo y su impacto en la violación de DD. HH. de las mujeres

Desde el 16 de enero de 2023, la intensificación de los enfrentamientos entre grupos armados no estatales en la zona del Catatumbo ha dejado, al menos, 77 418 personas afectadas. Este alarmante incremento de la violencia ha resultado en el desplazamiento forzado de 51 938 personas, el mayor registrado en la región en los últimos 28 años. 

Mediante el Decreto 062 del 22 de enero de 2025, el gobierno nacional declaró el estado de conmoción interior en Catatumbo. En el marco de esta grave crisis humanitaria, las niñas y mujeres son víctimas históricas de explotación sexual en la prostitución y de trata sexual por parte de los diferentes grupos armados y grupos al servicio del narcotráfico. La Corporación Mujer denuncia y muévete (MDyM), que hace presencia en el territorio, lleva años de lucha contra estas violaciones de derechos humanos en Norte de Santander. Esta región, marcada por su proximidad a la frontera con Venezuela, ha visto un alarmante incremento de estas violaciones, siendo el Catatumbo uno de los epicentros de esta tragedia. Según la Corporación: 

“En el Catatumbo se han registrado más de cincuenta víctimas de trata sexual, muchas de ellas explotadas por grupos armados ilegales. La falta de interés por parte de las instituciones, así como la carencia de políticas públicas efectivas para enfrentar esta emergencia, han contribuido a agravar la situación. Las estadísticas reflejan un panorama desolador: desde 2018 identificamos a más de 5 000 mujeres en contextos de prostitución, aunque el porcentaje específico de víctimas de trata sexual sigue siendo desconocido. Para  los años 2022-2024, la Corporación reportó y activó 167 casos a nivel nacional ante el Comité Operativo Anti Trata (COAT), instancia del Ministerio del Interior de coordinación con entidades nacionales y territoriales para prestar servicios de protección y asistencia a las víctimas; de un universo de 167 víctimas, el 75 % (125 víctimas) fueron reconocidas por el COAT como víctimas del delito de Trata; de las víctimas reconocidas, solo 18 % (23) han iniciado la ruta de atención institucional con algunos  servicios de sicología, y  apoyo a medios de vida, y tan solo el 1 % (dos víctimas) han culminado. Para que las víctimas accedan a servicios de salud, regulación migratoria, reconocimiento de víctima en la UARIV, propuestas para salir de la prostitución, acceso a la justicia, protección, seguridad, emprendimiento, apoyo económico, mercado y la totalidad de la ruta de atención, se han tenido que adelantar acciones jurídicas como derechos de petición, acciones de tutela, donde los jueces han exigido la atención  inmediata a las víctimas por orden judicial a sabiendas de que las barreras institucionales persisten, sin desconocer que aún falta que el 72 % (102 víctimas) inicien la ruta de atención institucional. En contraste, con el 99 % de impunidad, y solo dos (2) victimarios vinculados a procesos judiciales, sin juicio ni condena”.

Barreras institucionales que contribuyen a la impunidad

Las barreras son múltiples: la falta de capacitación especializada de funcionarios/as con enfoque de género, derechos humanos y DIH de las mujeres y de la infancia; la victimizante atención, muchas veces soportada en prácticas discriminatorias por sexo y género; el desconocimiento o la inapropiada aplicación de protocolos de atención a víctimas, y la insuficiente arquitectura institucional, entre otras.

En el caso particular de la competencia de la Fiscalía General de la Nación, se identifican las siguientes barreras, entre otras:

– Estigmatización de las víctimas: al ser consideradas “trabajadoras sexuales”, muchas temen que su relato no tenga credibilidad y eso las lleva a inhibirse de presentar la denuncia, reforzada por la baja credibilidad en la institución por los altos índices de impunidad.

– Requerimiento de pruebas contundentes: la Fiscalía a menudo requiere a la víctima pruebas sólidas para poder avanzar en la denuncia e incluso “la identificación del agresor y la manifestación expresa o tácita de voluntad de las víctimas, desconociendo que la violencia sexual sigue la regla general de carácter constitucional de investigación oficiosa, por no corresponder estas conductas a la naturaleza de ‘delito querellable’. Es decir, la investigación penal debe iniciar de oficio y no está sometida a la declaración de voluntad del/la afectado/a. En efecto, el temor a retaliación y violencia, la intimidación, la utilización de entornos de coacción y opresión sicológica, son situaciones que persisten más allá de la comisión del acto de violencia sexual y que se deriva por lo general del control que los actores armados continúan ejerciendo en el lugar de los hechos, así, la no denuncia o la ausencia de consentimiento de la víctima no pueden convertirse en justificantes de la inacción estatal y, por el contrario, obligan al Estado a la generación de condiciones suficientes de protección y tratamiento digno y no discriminatorio, es una obligación estatal ineludible” (María Cristina Hurtado S., Módulo: “Violencias contra mujeres, en el conflicto armado colombiano”, Especialización Derecho de familia Facultad de Derecho UN, 2023).

La tragedia humanitaria invisibilizada de las mujeres en la crisis del Catatumbo

La situación de las mujeres víctimas de trata y explotación sexual en la prostitución está ligada a la pobreza, la migración, el desplazamiento forzado, la falta de oportunidades y la baja escolaridad, lo que las convierte en víctimas perfectas para los tratantes y proxenetas. A esto se une la incapacidad del Estado para ofrecer alternativas viables y dignas para integrarse al mercado laboral, lo que perpetúa el ciclo de explotación y violencia, máxime cuando el mismo Estado desde políticas públicas legitima las mal llamadas “actividades sexuales pagas”, lo que convierte en algunas oportunidades a los tratantes y proxenetas en empresarios del sexo. La naturalización de estas violencias ha llevado a que su vida no sea valorada; de hecho, el feminicidio en zonas como Tibú se ha convertido en un ejemplo trágico de la violencia de género ejercida por actores armados. En 2019 se registraron a manos de grupos armados más de 25 feminicidios, frente a los cuales el papel de la Corporación MDyM en la participación en su investigación ha sido definitivo y se ha centrado en documentar casos, brindar apoyo a las víctimas y evitar la impunidad. 

De otro lado, se evidencia por parte de fuerzas de seguridad y grupos armados el reclutamiento de mujeres jóvenes, muchas de ellas migrantes venezolanas, quienes son instrumentalizadas como informantes por los actores armados, lo que las pone en riesgo extremo de feminicidio. 

Según el trabajo de campo de la Corporación MDyM, en territorios como Norte de Santander, los grupos armados y las bandas criminales al servicio del narcotráfico operan y administran prostíbulos, y dirigen redes de explotación sexual en la prostitución como parte de su financiación, campos de concentración donde niñas y mujeres sufren toda clase de violencias.

Las víctimas de explotación sexual son tratadas a priori como “trabajadoras sexuales” y la institucionalidad de Colombia, a pesar de contar con un Código penal que tipifica el delito de trata con fines de explotación sexual y ser país suscriptor de tratados internacionales como la CEDAW, el cual insta  en su recomendación 38, numeral 2, a “mejorar la colaboración, la coordinación y el intercambio de conocimiento transfronterizo, teniendo en cuenta la necesidad de que el examen y la detección adecuados de las posibles víctimas de la trata sean llevados a cabo por personal calificado y velando por que se adopten las medidas necesarias”. Así las cosas, el diagnóstico del Estado es inadecuado, sus acciones no brindan protección; sin presencia ni acompañamiento adecuado y, bajo la presión constante de los grupos armados, se impone la impunidad.

Las instituciones fallan particularmente en la activación de la ruta de atención, algunas organizaciones de mujeres actúan para mitigar esta situación y operan en la zona para hacer conocer las leyes, interponer acciones legales, hacer seguimiento a entidades y participar en comités, pero la capacidad es limitada. Estas organizaciones y sus directivas son blanco de amenazas y atentados por parte de los grupos armados ilegales que controlan el comercio sexual en la zona.

Aunque las mujeres denuncien, eufemismos como “actividades sexuales pagas” dan por sentado que las mujeres que mercantilizan sus cuerpos lo hacen por libre elección y, por tanto, no se persigue a los proxenetas y tratantes, que en ocasiones son legitimados como empresarios, mientras que las mujeres siguen en la precariedad, constantemente enfrentadas con el debate sobre el límite entre trata con fines de explotación sexual y “trabajo sexual voluntario”, enfoque que impide que los mecanismos de ayuda lleguen, pues los protocolos dan por sentado que las mujeres eligen la prostitución libremente, y no se prepara a los funcionarios para entender el vínculo entre trata y prostitución en cumplimiento de la CEDAW. 

Estamos en presencia de una grave crisis que no es sobreviniente a la declarada en el Catatumbo, por el contrario, ha sido denunciada con anterioridad por organizaciones de DD. HH. de mujeres, por informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo y por organismos de cooperación internacional. Hasta febrero 4 se han reportado 51 mujeres víctimas de los delitos de trata sexual; aquellas que han logrado escapar del control de los grupos armados informan que muchas siguen allí en condiciones de esclavitud tanto sexual como doméstica, las más jóvenes son reclutadas por el ELN y otras fracciones armadas. En estos momentos, gracias principalmente a la labor de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y con el acompañamiento permanente de la Corporación, se toman declaraciones y se activan rutas para evitar que si retornan, sean asesinadas por los grupos armados, quienes ya las han amenazado de muerte. Frente a esta, que es una tragedia anunciada, el Estado colombiano debe evitar que esta situación siga siendo un hecho de falta de debida diligencia. 

La paz total es con las mujeres.

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Acerca del autor

María Cristina Hurtado Sáenz

*Abogada de la Universidad Nacional, politóloga de la Universidad Javeriana, Magíster en políticas públicas y política social, investigadora, docente de posgrados de la Universidad Nacional, exdelegada de derechos de infancia y mujeres en la Defensoría del Pueblo, corredactora de la Ley 1257 de 2008 y corredactora del código de infancia y adolescencia.

Alejandra Vera

*Abogada investigadora, Representante de la Ley 1257 2008, Lideresa Internacional de ASOUSA para la erradicación de la violencia machista y trata sexual en Colombia, actualmente directora de la Corporación MDyM.