¿Entretenimiento para adultos?

El informe Key Judgements, de la ONG Stop The Traffik y elaborado en conjunto con la Fundación Pasos Libres, publicado el 27 de julio del presente año, presenta un preocupante panorama para las mujeres y niñas en Colombia, principales fuentes de rentabilidad para la industria denominada “del entretenimiento para adultos”. Según este informe, aproximadamente 400.000 mujeres (jóvenes o menores de edad) se dedican a realizar actos sexuales en línea para obtener dinero. Quienes compran la asistencia y las grabaciones de estos actos son en su mayoría de sexo masculino, lo cual nos habla de una desigualdad económica estructural y generizada, es decir, determinada por las estructuras políticas y culturales que se les impone a los individuos según su sexo. Casi medio millón de personas, en su mayoría mujeres, ponen su integridad y autonomía sexual en subasta con la gestión de 12.000 estudios webcam, constituyéndose una industria que por definición legitima socialmente la subordinación, cosificación y mercantilización de las mujeres y las niñas, así como de la población diversa OSIGD.

Según el informe, las principales ciudades son las mayores áreas de reclutamiento, con Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Bucaramanga. No resulta sorprendente saber que la mayoría de las mujeres y niñas que llegan a la industria viven en las periferias marginadas y precarizadas de estas ciudades, lo que nos habla de una consecuencia más de la pobreza, la desigualdad y el desarraigo que sufrieron millones de personas con el conflicto armado. Conociendo los antecedentes socio históricos de estas periferias, podemos inferir que las niñas que llegan a la explotación sexual digital son hijas y nietas de las poblaciones desplazadas por el conflicto armado que llegaron a los extramuros de las ciudades durante las décadas pasadas.

Ya en territorios golpeados por la pobreza y el conflicto, las mujeres y niñas encuentran ofertas engañosas para trabajar en esta industria, por personas allegadas que ya están inmersas en estas industrias, por publicidad en redes sociales, por avisos y volantes en las calles, especialmente en cercanías de los colegios. Las ofertas de reclutamiento para explotación sexual en entornos digitales sueles ser engañosas y ocultar las características explotadoras y violentas del trabajo, pero en otras ocasiones el objetivo prostituyente es claro, y así, niñas y mujeres en contextos de precariedad, reciben estas ofertas y, engañadas o no, se ven obligadas a tomarlas.

Este es un panorama preocupante que a todas luces está vinculado con la afluencia de pederastas y depredadores sexuales que desde todos los rincones del mundo llegan a nuestras ciudades con el único objetivo de satisfacer su criminales apetitos. A pesar de que en la institucionalidad se ha defendido la voluntariedad, la libre decisión y el libre desarrollo de la personalidad como principales características del supuesto “trabajo sexual”, las cifras de abuso machista y violencia feminicida hablan de una sociedad que tolera y protege a los depredadores sexuales. Las cifras de desaparición se elevan diariamente, con la mayoría de casos siendo de niñas y mujeres jóvenes, sin que esto motive investigaciones o acciones reales sobre la industria que la promueve. Por más imagen de profesionalismo y humanidad que se quieran proyectar desde la industria del sexo, la realidad es que lucra con la prostitución ajena, y retiene entre el 50% y el 65% del dinero pagado por los consumidores, lo cual se suma al porcentaje que las plataformas extranjeras retienen, de entre un 20% y un 30% adicional; de esta manera, las mujeres y niñas son quienes menos retribución reciben por poner en riesgo su integridad y autonomía personal al vender su sexualidad en línea: entre 5% y 10%. Todo esto en jornadas de 12 a 18 horas, contratos verbales y pagos acomodados a la conveniencia de los estudios, que pueden retrasar y retener los pagos hasta que la tasa de cambio los favorezca. 

En este informe también se denuncia una práctica frecuente en la explotación sexual en entornos digital, que deriva en dos delitos: el uso de cuentas abiertas por “modelos” mayores de edad para realmente transmitir contenido hecho con menores de edad. El control y posesión de estas cuentas es usado por los dueños y administradores de estudios webcam para coercionarlas y obligarlas a realizar actos no deseados o cumplir metas de transmisión; cuando la mujer no accede, se la despide y se usa su cuenta para que otra “modelo”, casi siempre menor de edad, produzca contenido pornográfico, y así guardar las apariencias de legalidad mientras se fabrica y se monetiza material de abuso sexual infantil. 

Otros alarmantes datos que el informe revela es que la mayoría de los demandantes de estas actividades, provenientes de Europa y Estados Unidos, “solicitan contenido con ‘comportamiento infantil’, lo cual podría incentivar a los estudios a reclutar modelos menores de edad para satisfacer la demanda. Así mismo, “los compradores pueden solicitar contenido a través de intermediarios, también conocidos como monitores, que trabajan en los estudios colombianos. Estos compradores suelen exigir

actos no consentidos, dolorosos o degradantes, que, según se informa, los estudios

implementan para maximizar sus ganancias.” El estímulo a la pederastia hace parte entonces del marketing y el outsourcing de esta industria: el informe afirma que en un caso, la víctima de explotación sexual fue abordada por el reclutador en cercanías de su colegio, cuando ella era aún menor de edad. Como cualquier otra, esta industria busca satisfacer los deseos de sus demandantes, y cualquier acción que limite las exigencias será evitada por los empresarios a toda costa. 

A la par con estos estudios webcam, cuya principal actividad es la transmisión en vivo y en diferido de material pornográfico, crecen negocios adyacentes que también se lucran de la venta de la sexualidad ajena: capacitaciones, alquileres de equipos y otros rubros que se imparten como obligatorios en los estudios, creando deuda a favor del empresario.

También resulta alarmante el hecho  de que “Grupos del crimen organizado (GCO), como el Tren de Aragua, se han infiltrado en sectores dela economía del modelaje webcam. Según informes, extorsionan a los dueños de los estudios exigiendo sobornos regulares a cambio de permitir que las operaciones de los estudios continúen sin interferencias, lo que consolida aún más el control criminal sobre la industria.” Resulta como menos sorprendente que la estrategia gubernamental contra la trata ignore estas características tan patentes de esta industria y siga considerándola legítima.

Stop the Traffik también presentó el 1 de agosto del presente el informe sobre explotación sexual en las minas ilegales de oro de Brasil, donde la trata de personas con fines de explotación laboral es ya un hecho conocido, pero la trata con fines de explotación sexual es poco identificada y abordada, aunque prospere de la misma manera con el extractivismo mineral: “Grupos de crimen organizado atraen a mujeres y niñas con promesas de trabajo lucrativo, solo para obligarlas a ser explotadas sexualmente en bares, burdeles y otros establecimientos ubicados cerca de las minas.” 

El empobrecimiento y el conflicto armado en Latinoamérica han nutrido la oleada migratoria con masas de pobres que abandonan su país para buscar oportunidades económicas en otras tierras. El informe revela que 73% de las víctimas de trata eran inmigrantes, cuya mayoría eran niñas y mujeres jóvenes víctimas de explotación sexual. El negocio de la explotación sexual en los remotos territorios mineros se ha convertido en uno de los medios más efectivos de financiación y expansión de los grupos criminales organizados como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho. En Colombia la situación no difiere mucho, pues se sabe que los grupos armados ilegales también usan la explotación sexual para controlar y expandirse en el territorio.

En los estados estudiados para el informe se repiten modalidades de reclutamiento y captación similares a las que se usan en todos los territorios empobrecidos para atraer jóvenes vulnerables: promesas engañosas de trabajo, regalos caros como ropa, joyas y perfumes. Las mujeres y niñas de poblaciones remotas y comunidades indígenas son especialmente vulnerables, y solamente se dan cuenta de su situación cuando ya han sido trasladadas por rutas clandestinas, aisladas de sus familias y despojadas de sus teléfonos y sus documentos. 

Los territorios fronterizos de Venezuela, Guyana Surinam “también son focos clave de reclutamiento. Las víctimas pueden ser reclutadas localmente y explotadas en pueblos cercanos a su lado de la frontera, tratadas en Brasil o trasladadas entre países debido a la debilidad de los controles fronterizos”. Esto responde a un mercado sexual paralelo al del oro, que en la última década ha crecido en la medida en que la demanda por el mineral se dispara: “El aumento de los precios del oro y su rentabilidad ha atraído a un gran número de mineros a las operaciones ilegales. Se estima que entre 80.000 y 800.000 mineros trabajan en estos yacimientos, la gran mayoría hombres. Esta concentración de mano de obra genera una importante demanda de prostitución en los alrededores de los pueblos y campamentos mineros, lo que, a su vez, impulsa la explotación sexual y la trata de mujeres y niñas.” 

El desprecio de los mineros, empresarios y trabajadores, por los más básicos derechos de las mujeres crea un mercado despiadado de carne humana: “cuando los establecimientos ingresan nuevas trabajadoras sexuales, los mineros se abalanzan sobre ellas, lo que genera una presión constante para que los tratantes suministren continuamente nuevas víctimas”. Así, todo el dinero de la industria minera patrocina indirectamente la explotación sexual de mujeres y niñas. El pago habitual en efectivo o en oro facilita el lavado de capitales, mientras que las víctimas de explotación sexual tienen múltiples barreras para acceder a medios de transferencia de remesas, lo que les sitúa en una adicional situación de dependencia de intermediarios para hacer las transferencias de dinero a sus familias en sus países de origen. 

El dinero que nutre la economía minera se blanquea a través de las cooperativas mineras, circula y  renta de múltiples actividades criminales, incluyendo la prostitución de las mujeres, y es reinvertido en la expansión de los grupos criminales organizados, mientras se consolida una lógica social violenta y misógina. “El uso de oro y efectivo como monedas principales, combinado con la dependencia de sistemas informales de transferencia, oscurece los flujos financieros y crea puntos ciegos de monitoreo, permitiendo que las ganancias de la explotación ingresen a la economía en gran medida sin ser detectadas.”

Este informe corrobora la noción de que las industrias extractivas que destruyen la naturaleza también destruyen el tejido social y el sistema internacional de Derechos Humanos. La lógica depredatoria y violenta del patriarcado contamina todo lo que toca y por eso es que es necesario desnaturalizar la explotación y cosificación sexual tanto como la destrucción de la naturaleza. Tanto la industria del “entretenimiento para adultos” como la industria minera del oro se definen por sus actividades depredatorias y violentas. Es hora de que los gobiernos locales actúen y hagan cumplir los instrumentos internacionales que protegen a la naturaleza y a las mujeres y niñas. 

Victoria Argoty

Historiadora y voluntaria en Fundación Empodérame

Pueden ver el informe aquí:

Créditos a STOP THE TRAFFIK https://stopthetraffik.org/

2025.07.24 Explotación dentro de la Industria del Modelaje Webcam en Colombia.pdf

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