El gobierno le falla a las mujeres buscadoras: Colombia no implementa el Registro Único de Mujeres Buscadoras

En Colombia la desaparición forzada no es un capítulo cerrado: es una herida que sangra todos los días.

Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, más de 120.000 personas han sido desaparecidas en medio del conflicto armado. Entre ellas, miles de mujeres que no solo fueron borradas de la vida civil, sino también desaparecidas por estructuras armadas y criminales para la trata, la explotación sexual y los matrimonios forzados. La desaparición, en muchos casos, ha sido la antesala de la prostitución.

Frente a esta realidad, en 2024 el Congreso aprobó la Ley 2364, que crea el Registro Único de Mujeres Buscadoras (RUMB). La intención era justa y necesaria: reconocer a las mujeres que, con su propia vida en riesgo, buscan a familiares desaparecidos; darles medidas de protección; garantizar su acceso a salud, vivienda y reparación; y, sobre todo, visibilizar que la búsqueda no es un acto privado de dolor sino un derecho político y colectivo.

La respuesta del Estado: excusas.

El pasado 26 de agosto de 2025, la Unidad para las Víctimas respondió al derecho de petición presentado por la Fundación Empodérame para que su directora, Claudia Yurley Quintero Rolón, fuese reconocida como mujer buscadora. La respuesta fue la misma que tantas veces reciben las víctimas en Colombia: un portazo en la cara.

Según la carta , “a la fecha no es posible otorgar la inclusión (…) en tanto que actualmente el Ministerio de Justicia se encuentra realizando la reglamentación que permita la construcción de este registro y del proceso de acreditación”. En otras palabras: la ley existe, pero no se aplica. 

Como si fuera poco, la Unidad agregó que el RUMB no reconoce a organizaciones —como Empodérame— dentro del registro, invisibilizando el papel fundamental de los colectivos feministas y comunitarios que sostienen búsquedas, documentan casos, acompañan a familias y enfrentan amenazas.

El costo de la indiferencia

Cada día sin reglamentación es un día más de riesgo para las buscadoras. Ellas son blanco de persecución porque su labor incomoda a los perpetradores: grupos armados, actores estatales cómplices y redes criminales de trata. En territorios como Cauca, Catatumbo o la Costa Caribe, muchas mujeres han sido hostigadas, desplazadas o incluso asesinadas por insistir en encontrar a sus seres queridos.

Negar la acreditación hoy significa:

• Que las buscadoras no tienen medidas de protección diferenciadas frente a las amenazas.

• Que siguen enfrentando la revictimización institucional, sin acceso real a programas de vivienda, salud o educación que la ley prometió.

• Que se mantiene en la sombra la violencia más cruel: la desaparición de mujeres y niñas con fines de explotación sexual por parte de actores armados y redes de trata.

El gobierno celebra en foros internacionales que Colombia es pionera en reconocer a las mujeres buscadoras. Pero puertas adentro, lo que ofrece es otra trampa burocrática: la norma se firmó, pero no se implementa. La paradoja es brutal: mientras el país acumula una de las cifras más altas de desaparición forzada en el mundo, las propias buscadoras siguen expuestas, ignoradas y desprotegidas.

La deuda con las buscadoras

El Estado le falla a las mujeres buscadoras. No basta con leyes en el papel. Se necesita reglamentación urgente, presupuestos claros y voluntad política. Se necesita reconocer que las organizaciones que acompañamos estas luchas también somos parte del proceso, porque el trabajo de búsqueda en Colombia ha sido, en su mayoría, sostenido por las manos de mujeres organizadas y solidarias, no por instituciones. El derecho a la búsqueda no puede seguir supeditado a excusas administrativas. La demora es cómplice. La omisión también es violencia.

Porque seguimos buscando

Mientras el gobierno dilata, las mujeres buscadoras no se detienen. Siguen recorriendo morgues, veredas y oficinas públicas. Siguen enfrentando la indiferencia institucional con amor radical. Siguen pegando carteles, tocando puertas y reclamando justicia.

Saben señores que el amor de una mujer que busca es más fuerte que cualquier muro estatal.

Hacemos honor a las palabra de Yanette Bautista "Buscar a un ser querido es un cambio de vida. Implica buscar información por todas partes, sin que las autoridades ayuden ni sean sensibles al dolor de estar buscando a un ser querido que ha desaparecido"

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