El acoso laboral y sexual destruye vidas

Presentamos la denuncia el 10 de septiembre de 2025 (radicado *766). En este proceso acompañamos a una mujer víctima de acoso sexual y laboral en un restaurante de Cúcuta, establecimiento que opera las 24 horas y emplea principalmente a mujeres en turnos rotativos.

La víctima, una mujer que con ilusión llegó al restaurante a hacer su fase práctica de su carrera de gastronomía y luego fue contratada, pero todo ese ascenso estuvo marcado por episodios dónde fue constreñida a tener relaciones íntimas con el propietario del restaurante.

De acuerdo con la intervención psicosocial, la víctima tuvo que abandonar la ciudad por motivos de seguridad, luego de soportar un patrón sostenido de hostigamiento, abusos sexuales y presiones dentro de su lugar de trabajo. Este caso refleja violencias sistemáticas que afectan a numerosas trabajadoras en el sector, muchas de ellas madres cabeza de hogar, sometidas a condiciones laborales precarias y jornadas nocturnas de alta vulnerabilidad.

Las secuelas en la vida de las víctimas

Hemos documentado cómo el acoso laboral y sexual trasciende lo laboral y deja huellas profundas en múltiples dimensiones de la vida de las mujeres:

Las secuelas del acoso laboral y sexual son profundas y se extienden más allá del ámbito profesional, impactando gravemente la salud psicosocial y emocional de las víctimas. Muchas mujeres atraviesan episodios de ansiedad, depresión, insomnio y ataques de pánico; estos síntomas se ven acompañados por un miedo persistente y la pérdida de confianza en sí mismas y en su entorno. No es raro que quienes han sufrido estas violencias requieran atención psicológica y psiquiátrica para poder enfrentar y sobrellevar las huellas que deja esta experiencia.

En el plano económico, el impacto se refleja en renuncias forzadas o en despidos indirectos que dejan a las mujeres sin ingresos estables, sin acceso a la seguridad social y, muchas veces, con deudas que se acumulan. Tal fue la situación de la víctima en este caso, quien terminó en una situación de precariedad tras verse presionada a aceptar una salida del empleo bajo circunstancias adversas.

La dimensión laboral también se ve gravemente afectada, pues la interrupción de proyectos profesionales y la pérdida de oportunidades de ascenso condenan a las trabajadoras a una inestabilidad constante, situación que se agrava cuando el sector en el que laboran es altamente informal. A esta realidad se suma el riesgo a la seguridad personal, ya que las amenazas y represalias obligan, en ocasiones, a desplazamientos internos. Así ocurrió en el caso relatado, donde la víctima se vio forzada a abandonar Cúcuta como única forma de resguardar su integridad.

Por último, las consecuencias sociales tampoco pueden pasar desapercibidas. Las mujeres que se atreven a denunciar suelen enfrentarse a la estigmatización, la revictimización y al silenciamiento, experimentando la indiferencia de las instituciones y el señalamiento social, lo cual perpetúa el ciclo de violencia y dificulta el acceso a la justicia y a la reparación integral.

Exigencias al Ministerio de Trabajo, específicamente al grupo élite de la regional Norte de Santander.

1. Realizar una inspección urgente en el establecimiento, verificando protocolos contra el acoso y cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 y demás normas vigentes.

2. Garantizar los derechos laborales de la víctima, incluyendo medidas de reparación frente al despido indirecto.

3. Investigar patrones sistemáticos de discriminación y acoso laboral por motivos de género que afectan a un número significativo de trabajadoras en el sector de servicios nocturnos y de alta rotación.

El acoso laboral y sexual no solo vulnera derechos fundamentales, sino que destruye la salud mental, la estabilidad económica y la seguridad de las mujeres trabajadoras. La falta de respuesta del Ministerio de Trabajo envía un mensaje de impunidad e indiferencia frente al sufrimiento de las víctimas

Trabajemos por garantizar ambientes laborales seguros y libres de violencia para todas las mujeres en Colombia. La ausencia de actuación institucional desde septiembre constituye una forma de revictimización y una negligencia frente a la obligación estatal de proteger a las trabajadoras.