Colombia vota en contra de reforzar la lucha contra la pornografía infantil en la ONU
- Prensa Empoderame
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En un momento histórico para la defensa de los derechos de niñas y niños, el Tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una enmienda presentada por Estados Unidos al proyecto de resolución A/C.3/80/L.57. La modificación incorporó de manera explícita la expresión “and combating child pornography” dentro del apartado dedicado a la cooperación internacional contra el crimen organizado. Este paso, aparentemente técnico, tiene un profundo significado político y jurídico: confirma la obligación de los Estados de actuar contra cualquier forma de material vinculado a la explotación sexual infantil, tanto en su dimensión física como digital.
Los europeos han intentado legalizar algunas formas de pedofilia como la pornografía infantil virtual, los robots sexuales y otros materiales que no involucran a niños reales. También están a favor de una despenalización generalizada del sexting por parte de niños, incluyendo sexting entre niños y adultos. Pero su postura no es popular. Solo cincuenta y una naciones se pusieron del lado de la Unión Europea. Treinta se abstuvieron así indicó el portal del Centro de familias y derechos humanos de Nueva York.
La votación, realizada en pleno del Comité, reflejó un respaldo mayoritario a mantener el lenguaje jurídico tradicional que reconoce la gravedad de la pornografía infantil como categoría penal autónoma. Sin embargo, Colombia se ubicó en el grupo de 51 países que rechazaron la enmienda. El registro oficial muestra al país marcado en rojo, en una decisión que ha generado preocupación y críticas desde organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.
Un contexto internacional marcado por la disputa semántica
La discusión no se limita a un tecnicismo diplomático. En los últimos años, algunos actores han promovido sustituir el término “pornografía infantil” por expresiones como “material de abuso sexual infantil”. El argumento es terminológico, pero las consecuencias son jurídicas y políticas. Mientras la primera expresión mantiene un reconocimiento claro de la conducta como delito autónomo, la segunda abre la puerta a interpretaciones que podrían relativizar la responsabilidad penal frente a contenidos digitales, animaciones, simulaciones o producciones virtuales.
En un escenario global donde la explotación sexual infantil se expande a través de tecnologías digitales, la precisión del lenguaje es vital. La producción de imágenes hiperrealistas, el uso de muñecas para apologizar la violencia, el uso de inteligencia artificial para generar representaciones de la niñez y el tráfico de contenidos virtuales que imitan dinámicas de abuso son realidades que no pueden ser minimizadas. La enmienda buscaba cerrar esos vacíos. Votar en contra, como lo hizo Colombia, significa desconocer la magnitud del problema y debilitar la capacidad del Estado para enfrentar delitos emergentes.
Impacto psicosocial y obligación de los Estados
La explotación sexual infantil, en cualquiera de sus formas, produce daños profundos y duraderos. Desde la psicología y la salud ocupacional con enfoque de derechos humanos, se ha demostrado que este tipo de violencia altera el desarrollo neuropsicológico, afecta la identidad, trastoca los vínculos afectivos y coloca a las víctimas en riesgo extremo de retraumatización.
El fortalecimiento del marco jurídico internacional es una medida necesaria para reducir la demanda, bloquear las rutas de distribución y limitar el impacto de las economías criminales. La decisión de Colombia de votar en contra de la enmienda contradice esta obligación y envía un mensaje político de permisividad frente a delitos que deberían ser combatidos sin ambigüedad.
Nosotras estamos indignadas y preocupadas, consideramos que esta decisión representa un retroceso serio y peligroso por varias razones:
Alineación con un bloque diplomático riesgoso: Al sumarse al grupo que promueve un cambio semántico, Colombia dilata la precisión jurídica, abre grietas interpretativas y reduce la contundencia penal. En contextos de explotación sexual, la falta de claridad es peligrosa y afecta directamente a los más vulnerables, es decir la niñez.
Desconocimiento de la magnitud digital del delito: La explotación sexual infantil ya no se limita a escenarios físicos. Animaciones, simulaciones, sexting coercitivo y contenidos generados con inteligencia artificial son parte de la realidad. Votar en contra de la enmienda es negar esa dimensión tecnológica.
Contradicción con la protección integral: El voto envía una señal de permisividad, se aparta de estándares internacionales más rígidos y desprotege a las víctimas. En un país con cifras alarmantes de trata y abuso, esta postura es inaceptable.
Colombia arrastra décadas de violencia sexual sistemática contra infancias y mujeres. En este contexto, el Estado no puede permitirse ni un milímetro de ambivalencia legal. La defensa de la niñez exige firmeza, no tibieza diplomática. Votar en contra de reforzar la lucha contra la pornografía infantil equivale a debilitar la protección y abrir vacíos que terminan siendo aprovechados por depredadores sexuales.
La Fundación Empodérame reconoce la votación de la ONU como un avance en la protección de la niñez y como un mensaje claro de que la comunidad internacional no puede permitir ambigüedades en la definición ni en la persecución de estos delitos. Sin embargo, frente a la postura de Colombia, anunciamos que:
Elevaremos una reclamación formal al Estado colombiano por esta decisión diplomática que vulnera la protección integral de la niñez.
Incidiremos en espacios nacionales e internacionales para exigir que Colombia rectifique su postura y adopte un compromiso explícito contra la pornografía infantil en todas sus formas.
Continuaremos realizando monitoreo, acompañamiento psicológico especializado y formación profesional para la prevención de la explotación sexual.
Desde Empodérame exhortamos al Gobierno de Colombia a:
Explicar públicamente las razones de su voto.
Revisar su posición y reafirmar un compromiso explícito con la erradicación de la pornografía infantil en cualquier formato.
Fortalecer la legislación nacional para enfrentar la explotación digital.
Escuchar a las víctimas, a las organizaciones de base y a los profesionales que trabajamos en primera línea.
La niñez colombiana merece protección total. No medias tintas. No tibiezas. No retrocesos.
El documento de la ONU se encuentra aquí:
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