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Colombia no diseñó plan de garantías para proteger a las lideresas sociales en riesgo



Cali, 26 de agosto de 2025. 


El Gobierno de Colombia, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) entidad encargada de la protección a líderes sociales y poblaciones en riesgo, reconoció por escrito a nuestra fundación que no existe el Plan de Acción cuatrienal 2023–2026 del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIG-Mujeres). La confirmación llegó en respuesta oficial del 27 de julio de 2025 a nuestro radicado EXT-2025-00035985. 


¿Qué nos respondió la UNP y por qué es grave?


  1. No hay Plan de Acción vigente. La UNP dice que “no se tiene aún Plan de Acción cuatrienal 2023–2026 del PIG-Mujeres”. En palabras simples: no hay hoja de ruta, no hay metas ni cronograma ni presupuesto público contra el cual exigir resultados. En la práctica, las decisiones quedarían a discreción y las medidas de protección se demorarían o no llegarían pues no hay como exigir.


  2. Participación “con voz, sin voto”. La misma carta explica que en el CERREM Mujeresel comité que evalúa riesgo y recomienda medidas— las representantes del movimiento de mujeres son “invitadas permanentes” con sólo voz; no deciden. Además, el Ministerio del Interior no ha definido el mecanismo de selección de esas cuatro delegadas que por ley representarían a las lideresas en riesgo: el tema se discutió en 2023 y sigue sin avances. Así, las más afectadas opinan, pero no votan en el espacio que define su protección. 


  3. Quién coordina y quién debe incluir. La Resolución 845 de 2018 adoptó el PIG-Mujeres y asigna la coordinación al Ministerio del Interior; la UNP dice que la inclusión de organizaciones acompañantes (como Empodérame) es facultad del MinInterior. Es decir: se trasladan responsabilidades, mientras el plan no existe y los riesgos crecen. 


¿Qué está fallando del lado del Gobierno?


Improvisación y ausencia de planificación pública. Sin Plan de Acción no hay metas, presupuesto ni responsables asignados. Un programa sin plan es puro anuncio. (El propio documento oficial describe que los planes deben alinearse al Plan Nacional de Desarrollo y fijar metas a cuatro años, pero aun así no existe el de 2023–2026). 


Participación simbólica. Invitar a las mujeres no es garantizar participación: sin voto, sin reglas claras para elegir delegadas y sin actas públicas, la participación no incide. La propia UNP reduce “garantías” a enviar invitaciones, no sabemos a quiénes y bajo qué criterio se convocan a espacios dónde se habla de casos con alta confidencialidad. 


Contexto y riesgo: lo que significa para la vida diaria


En territorios como Catatumbo y Cúcuta, donde Empodérame acompaña más de 100 mujeres con gestión de casos psico jurídicos, la falta de plan y la participación se traducen en trámites sin respuesta, medidas que no llegan y revictimización institucional. Integrantes de nuestro equipo han enfrentado amenazas, estigmatización y hostigamientos por su labor de defensa: sin hoja de ruta ni responsables con nombre propio, cada solicitud se vuelve una carrera de obstáculos.


¿Por qué hablar de negligencia?


Porque el periodo de gobierno se acaba, y sin plan ni recursos se incumple el deber funcional de proteger a quienes están en mayor riesgo. En términos disciplinarios, la ley sanciona la omisión de deberes. No evitar un resultado pudiendo hacerlo equivale a producirlo: dilatar la aprobación del Plan y mantener a las mujeres sin garantías es negligencia que pone vidas en riesgo. 


¿Cómo obtuvimos esta información?


Por vía oficial: la carta de la UNP fechada el 27/07/2025, emitida en respuesta a nuestra solicitud de inclusión institucional en el PIG-Mujeres (radicado EXT-2025-00035985). 


Acción inmediata de Empodérame


Anunciamos que radicaremos ante la Procuraduría General de la Nación una queja disciplinaria por presunta omisión de funciones relacionada con la no adopción del Plan de Acción 2023–2026 del PIG-Mujeres y la nula participación en el CERREM Mujeres.


Solicitaremos además “vigilancia preventiva” para que la Procuraduría active su función preventiva y requiera plan, presupuesto, cronograma y responsables, con publicación de actas y criterios de decisión del CERREM. 


Exigimos construcción del Plan 2023–2026 (así sea solo para un año que queda de gobierno) con metas, presupuesto, cronograma y responsables, y voz y voto para las delegadas del movimiento de mujeres en el CERREM. 

Avanzamos en la defensa de los derechos de las mujeres.



 
 
 

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