De acuerdo con el informe elaborado por la profesional de trabajo social que acompañó la diligencia, durante la intervención psicológica se indicó a la víctima que las denominadas "actividades sexuales pagadas" podían constituir una profesión que podía ejercerse libremente e, incluso, que era posible elegir clientes, utilizándose esta explicación para presuntamente persuadir a la víctima de desistir de su calidad de víctima y autodenominarse “trabajadora del sexo”.