¿Vendrán fondos de EE.UU. para Colombia en la lucha contra la trata de personas?
- Prensa Empoderame
- hace 5 horas
- 3 Min. de lectura
La discusión sobre la asistencia de Estados Unidos a Colombia para el año fiscal 2027 abre una oportunidad que no debería desperdiciarse: colocar la protección de las víctimas de trata de personas en el centro de la cooperación, con supervisión rigurosa, resultados verificables y participación real de sobrevivientes y organizaciones especializadas. Creemos que es una exigencia mínima de seriedad institucional en un momento en que la Cámara de Representantes de Estados Unidos está revisando su paquete presupuestal de seguridad nacional y asuntos exteriores. El trámite del proyecto FY2027 para ese componente avanzó en el Comité de Asignaciones en abril de 2026, lo que confirma que esta discusión es inmediata.
Desde Colombia, las organizaciones que trabajamos directamente con víctimas y sobrevivientes sabemos que la trata de personas no puede leerse de forma aislada. Está conectada con explotación sexual, economías ilícitas, violencia armada, desprotección institucional, desplazamiento y movilidad humana forzada, especialmente en territorios de frontera. En ese contexto, las mujeres, las niñas y la población migrante en extrema vulnerabilidad enfrentan riesgos graves de captación, coerción, revictimización e impunidad. Si la cooperación internacional quiere producir resultados reales, no puede limitarse a una visión estrecha de seguridad o control migratorio.
La actual coyuntura en Washington hace aún más necesario ese debate. En marzo de 2026 se lanzó en la Cámara de Representantes el Combating Human Trafficking Congressional Caucus, con un discurso explícito sobre fortalecer el apoyo a víctimas y sobrevivientes, mejorar la coordinación institucional y exigir responsabilidades a los tratantes. Ese mensaje es importante porque reconoce que no hay política eficaz contra la trata si las víctimas siguen siendo un anexo retórico y no una prioridad.
La cooperación hacia Colombia debería partir de una premisa sencilla: no basta con desembolsar recursos. Hay que saber a quién llegan, qué transforman y qué omisiones perpetúan. Por eso, cualquier asistencia vinculada a trata de personas, protección, migración y seguridad humana debería estar sujeta a supervisión estricta, trazabilidad y evaluación basada en resultados. No es solo de revisar ejecución presupuestal; se trata de medir identificación de víctimas, acceso efectivo a servicios, protección frente a retaliaciones de los proxenetas, judicialización de redes de tratantes y prevención de nuevas captaciones.
También es indispensable que la cooperación exija articulación con sobrevivientes y con organizaciones de la sociedad civil que tienen experiencia territorial y acompañamiento directo. El propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha sostenido que involucrar a sobrevivientes fortalece las respuestas contra la trata y mejora el diseño de políticas y programas centrados en las víctimas. Si eso ya está reconocido en el plano discursivo, debe reflejarse en las condiciones de la asistencia.
Un punto crítico merece especial atención: la situación de la población migrante y refugiada venezolana. Quienes huyen de la crisis venezolana no solo enfrentan necesidades humanitarias inmediatas; muchas personas quedan expuestas a explotación sexual, trata, coerción económica y violencia transnacional. Ignorar ese vínculo solo traslada el problema de un territorio a otro. Una cooperación bien diseñada debería priorizar identificación temprana, alojamiento seguro, atención psicosocial, asistencia jurídica, acceso a salud, regularización cuando corresponda y coordinación transfronteriza orientada a restituir derechos. Aparte de ser una obligación humanitaria; también es una medida racional para reducir revictimización, desplazamientos sucesivos y mayor presión sobre otros países receptores.
Por eso, desde las organizaciones que trabajamos en terreno, sostenemos que la asistencia a Colombia no debe medirse exclusivamente por su utilidad geopolítica ni por su alineación con agendas de seguridad. Debe evaluarse también por su capacidad para proteger vidas concretas. Hablar de trata de personas sin escuchar a sobrevivientes, sin incorporar a quienes acompañan casos reales y sin crear mecanismos públicos de supervisión es repetir el ciclo de políticas diseñadas lejos del daño y cerca del expediente.
Existe un caucus bipartidista reciente sobre trata. Y existe, además, una conversación creciente sobre control y rendición de cuentas en el uso de la asistencia exterior. Las organizaciones sociales no estamos pidiendo protagonismo simbólico. Estamos pidiendo que la cooperación internacional deje de tratar a las víctimas de trata como una nota al pie y las reconozca como el centro mismo de cualquier respuesta seria.
Si de verdad se quiere combatir la trata de personas, entonces la asistencia a Colombia debe exigir supervisión, participación de sobrevivientes, coordinación con organizaciones especializadas y protección reforzada para la población migrante venezolana en riesgo. Todo lo demás corre el riesgo de ser, una vez más, cooperación sin justicia ni resultados.
