Modelo de alerta temprana para la detección de víctimas de trata de personas

En el tercer día del curso de verano “La Esclavitud del S. XXI: trata de seres humanos con fines de explotación sexual”, organizado por la Universidad Francisco de Vitoria, la Policía Nacional y la Fundación Policía Española, se desarrolló una de las mesas más esperadas del evento: “Prevención, detección e identificación de víctimas. Sistemas de alerta temprana”.

En Carrión de los Condes (Palencia) el 19 de junio de 2025. El Inspector Jefe Miguel Ángel Iglesias Rodríguez, oficial de enlace de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) y parte de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la Fiscalía General del Estado, fue el encargado de exponer el funcionamiento operativo del sistema español de identificación de víctimas de trata, destacando sus protocolos, retos y articulaciones clave.

Iglesias explicó en detalle el funcionamiento del servicio nacional de atención telefónica, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde operadores expertos reciben llamadas de diversa índole: desde víctimas potenciales, vecinos, testigos, hasta incluso clientes que reportan situaciones sospechosas. Cada llamada relevante genera una “ficha de trata”, documento que recoge los datos obtenidos por el operador en tiempo real. Si los indicios son fundados, la ficha se deriva de forma inmediata a la unidad territorial correspondiente (como DOFRI Castellón), activando la investigación y, de ser necesario, una intervención urgente.

“La detección de una posible víctima no requiere formación policial; puede hacerla cualquier persona u organización. Pero la identificación formal, la que activa derechos de protección y regularización, solo puede hacerla un cuerpo policial con formación especializada”, enfatizó el Inspector Jefe. Esta identificación, según detalló, es la que habilita a la persona a acceder a medidas como permisos de residencia por circunstancias excepcionales, servicios de salud o acompañamiento jurídico.

Iglesias también señaló que las organizaciones sociales juegan un papel fundamental en la detección, pues son quienes más acceden a los lugares donde se ejerce la prostitución y pueden establecer vínculos de confianza con las mujeres. “Las ONGs son muchas veces quienes primero dan la voz de alarma”, afirmó.

En cuanto a los protocolos vigentes, el ponente recordó que desde 2010 España cuenta con un Protocolo Marco de Identificación de Víctimas de Trata, que establece lineamientos claros para las entrevistas, el cruce de información y la derivación institucional. Explicó que, una vez que una víctima potencial es detectada, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben garantizar su protección inmediata, aun antes de que se ratifique la identificación. “Todo tiene un sentido: primero proteger, luego investigar”, explicó.

Advirtió además sobre una de las principales barreras en la intervención: la desconfianza hacia la policía por parte de las mujeres, muchas de ellas influenciadas por las propias organizaciones tratantes o por experiencias previas de desprotección. “No se fían de la policía, y con razón”, reconoció, subrayando la necesidad de una intervención empática y coordinada con entidades de apoyo.

El Inspector también presentó un caso reciente ocurrido en Castellón como ejemplo del funcionamiento eficaz del sistema de alerta temprana, donde gracias a una llamada oportuna y la diligencia del operador, se activó una intervención policial con enfoque de protección.

Durante su intervención en el curso de verano “La Esclavitud del S. XXI”, el Inspector Jefe Miguel Ángel Iglesias Rodríguez advirtió sobre una dimensión cada vez más visible y preocupante del fenómeno de la trata: la explotación sexual digital facilitada por plataformas como OnlyFans.

Según explicó, desde 2021 la Policía Nacional ha implementado una figura de enlace provincial especializado en trata, que permite articular a nivel nacional el seguimiento de nuevas modalidades de captación y control, especialmente aquellas que se desarrollan en el entorno digital. En este contexto, OnlyFans ha emergido como una plataforma que, pese a su aparente legalidad, alberga dinámicas compatibles con formas modernas de trata y pornografía coactiva.

Con datos concretos, Iglesias describió cómo el 98% del contenido generado en la plataforma es de carácter sexual, siendo las mujeres jóvenes quienes producen la gran mayoría de ese material. Por otro lado, los usuarios consumidores —en su mayoría hombres entre los 25 y los 44 años— operan desde el anonimato, lo que contribuye a una lógica de impunidad estructural. La plataforma retiene el 20% de las transacciones, generando beneficios multimillonarios (más de 500 millones de dólares en 2023).

El inspector alertó sobre una práctica creciente: agencias intermediarias que captan mujeres —frecuentemente con bajos recursos económicos— para abrir perfiles que luego son controlados por terceros, quienes se apropian de sus credenciales, gestionan los contenidos, chatean con los usuarios e incluso las coaccionan para producir material explícito a pedido. En muchos casos, estas mujeres pierden por completo el control de sus imágenes y son objeto de amenazas de difusión, chantaje y aislamiento digital. Esta dinámica cumple con todos los elementos constitutivos de una situación de trata y explotación sexual, incluso cuando se disfraza de “trabajo autónomo” o “emprendimiento digital”.

Además, se evidenció que el sistema también capta adolescentes varones a través de plataformas como TikTok, donde se promueve la figura del “manager de contenido”, incitándolos a reclutar creadoras, controlar perfiles y monetizar la explotación de otras personas con la promesa de enriquecimiento rápido. “Con solo 18 años puedes hacerte millonario”, replican los mensajes dirigidos a jóvenes que son incorporados a esta red como actores de la explotación.

La reflexión del Inspector Iglesias dejó en claro que la trata de seres humanos ha evolucionado en sus formas, pero no en su lógica: la captación bajo engaño, la pérdida de control, la explotación sexual, el lucro de terceros y la violencia digital son hoy parte de un entramado global que requiere una actualización urgente de las herramientas jurídicas y preventivas.

Frente a este panorama, el reto institucional es doble: por un lado, garantizar la identificación y protección de las víctimas en entornos digitales, y por otro, enfrentar las nuevas formas de proxenetismo encubierto bajo modelos de negocio tecnológicos que amparan la explotación tras discursos de empoderamiento o consentimiento.

La ponencia reafirmó la necesidad de mantener el enfoque especializado en la intervención policial, evitar confusiones entre trata y otros delitos migratorios, y garantizar que las víctimas accedan a todos sus derechos desde el primer momento. Se enfatizó que la identificación no es un trámite burocrático, sino un acto de reconocimiento y garantía de dignidad humana.

La ponencia del Inspector Jefe Iglesias no solo aporta insumos técnicos valiosos, sino que deja lecciones urgentes para quienes trabajamos desde la sociedad civil en Colombia. Desde Fundación Empodérame, reconocemos la importancia de incorporar estos aprendizajes en nuestras estrategias de prevención, acompañamiento psicosocial e incidencia, especialmente frente a las nuevas formas de explotación digital que afectan a mujeres jóvenes, migrantes y en situación de vulnerabilidad económica.

La identificación temprana, la protección inmediata y la articulación entre entidades judiciales, organizaciones sociales y plataformas digitales son desafíos compartidos que demandan voluntad política y marcos normativos ajustados a la realidad. En un país donde la trata con fines de explotación sexual se disfraza de oportunidad económica o “trabajo sexual autónomo”, esta experiencia nos reafirma en la urgencia de desmontar el sistema de demanda, proteger a las sobrevivientes y nombrar con claridad lo que otros prefieren invisibilizar: que la violencia contra las mujeres también se transmite por streaming.

Desde esta reflexión, hacemos un llamado a las autoridades colombianas —en especial a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior— para explorar espacios de intercambio técnico con la Unidad Central contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de España. Compartir metodologías, protocolos de identificación, herramientas de alerta temprana y experiencias de persecución del proxenetismo digital permitiría fortalecer las capacidades institucionales en Colombia y avanzar hacia una cooperación internacional efectiva en la lucha contra la trata y la explotación humana.

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