La Procuraduría activa acción preventiva para proteger a las mujeres de la Fundación Empodérame
- Prensa Empoderame
- 25 abr
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Actualizado: 28 abr
Cartagena, 22 de abril de 2025.
La Procuraduría General de la Nación, a través de su sede provincial en Cartagena, ha emitido una Acción Preventiva bajo el radicado E-2025-187772, dirigida a proteger la vida e integridad personal de la defensora de derechos humanos Claudia Yurley Quintero Rolón, presidenta de la Fundación Empodérame, así como al equipo que integra dicha organización en la ciudad.
Este mecanismo fue activado por la Procuradora Provincial en atención a las denuncias recientes de amenazas, hostigamientos y situaciones de alto riesgo sufridas por la Fundación y su representante legal, en el marco de su labor de defensa de los derechos de mujeres, niñas, niños, personas migrantes y víctimas de trata de personas.
La acción preventiva es una figura constitucional consagrada en el artículo 277 de la Constitución Política, y desarrollada en el Decreto 262 de 2000 y el Decreto Ley 1851 de 2021. Esta herramienta permite a la Procuraduría intervenir de forma anticipada para prevenir violaciones a los derechos humanos y exigir respuesta institucional inmediata.
En el marco de esta actuación, la Procuraduría ha remitido oficios oficiales a tres entidades clave:
Unidad Nacional de Protección (UNP), para que valore con urgencia el nivel de riesgo y asigne medidas de protección materiales.
Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR), para que active patrullajes, vigilancia y acompañamientos inmediatos.
Alcaldía de Cartagena, a través del Mecanismo Articulador, para que coordine las acciones interinstitucionales necesarias y garantice una ruta local de protección efectiva.
Desde la Fundación Empodérame se ha recibido con seriedad esta medida y se agradece la actuación decidida de la Procuraduría. La organización ha dispuesto un equipo técnico para consolidar informes de riesgo, sistematizar los hechos de violencia sufridos, y continuará documentando y denunciando los actos que atentan contra la vida de sus integrantes, muchos de ellos mujeres sobrevivientes de explotación sexual y líderes sociales en zonas de alto riesgo.
"Esta actuación demuestra que nuestra labor no está sola, y que el Estado tiene el deber de proteger a quienes defendemos la vida, la dignidad y los derechos de las mujeres", señaló Claudia Quintero.
La Fundación hace un llamado a la ciudadanía, a los medios y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes frente a la situación de seguridad de sus miembros y sedes en Cartagena, Cali, Cúcuta y Medellín, y ratifica su compromiso con la defensa de los derechos humanos, desde una postura feminista, abolicionista y con enfoque territorial.
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