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Diálogos posibles entre teoría y realidad territorial de la explotación sexual. Reflexiones a partir de dos aproximaciones académicas a un mismo fenómeno.

El artículo El capitalismo y la sexualidad en la contemporaneidad: ¿una nueva forma de explotación? La precarización del trabajo sexual autónomo en Colombia, de Laura Carolina Rojas Chavarría, publicado en la revista Debates de la Universidad de Antioquia, se inscribe en una tradición crítica que examina la precarización, la exclusión social y las tensiones entre capitalismo, derecho y protección social. Su aproximación, de carácter jurídico y teórico, propone una lectura estructural de la desigualdad y del lugar que ocupan ciertas actividades feminizadas dentro del orden económico contemporáneo.


El texto plantea preguntas relevantes sobre ciudadanía, derechos y dignidad, apoyándose en jurisprudencia constitucional, teoría crítica y un análisis histórico de largo aliento. Como ocurre con buena parte de la producción académica de este tipo, su fortaleza radica en la construcción conceptual y normativa del problema que analiza.


La defensora de derechos humanos y psicóloga Claudia Yurley Quintero Rolón escribió el artículo Derechos humanos, prostitución y evidencia territorial: una crítica al discurso del “trabajo sexual autónomo” donde introduce una aproximación distinta al mismo campo de discusión. En lugar de centrarse en el análisis únicamente jurisprudencial de la Corte Constitucional, este texto se construye a partir de evidencia empírica producida en territorio, mediante investigación aplicada, caracterización directa y acompañamiento psicosocial en contextos urbanos específicos.


Leídos en conjunto, ambos artículos permiten observar una tensión productiva entre dos formas de conocimiento: la reflexión teórica y jurídica, por un lado, y la experiencia territorial sistematizada, por el otro. No se trata de enfoques excluyentes, sino de miradas que iluminan dimensiones distintas de una realidad compleja.


Mientras el artículo publicado en Debates desarrolla categorías como autonomía, precarización y protección social desde el plano conceptual, la lectura situada introduce preguntas sobre cómo esas categorías operan —o se tensionan— cuando se observan las condiciones materiales de vida: pobreza extrema, trayectorias de violencia, migración irregular, segregación urbana y control de terceros. La noción de “elección”, por ejemplo, adquiere significados distintos cuando se analiza desde la abstracción normativa o desde la experiencia cotidiana de quienes habitan los territorios donde estos fenómenos se concentran.


Algo similar ocurre con la lectura del derecho constitucional. La jurisprudencia colombiana ha avanzado en la protección de derechos fundamentales de personas en contextos de prostitución, reconociéndolas como sujetos de especial protección. Sin embargo, la evidencia territorial invita a distinguir cuidadosamente entre la protección de la dignidad personal y la valoración de determinadas actividades como proyectos de vida compatibles con condiciones dignas y justas. Esta distinción, presente de manera implícita en la propia jurisprudencia, adquiere mayor claridad cuando se observa cómo operan las políticas públicas y las prácticas institucionales en el territorio.


Otro punto de encuentro y de tensión entre ambos textos es la organización espacial de las ciudades. La aceptación tácita de zonas de tolerancia como dispositivo administrativo puede leerse, desde el análisis urbano y social, como una forma de segregación que concentra riesgos y violencias en territorios específicos. La reflexión teórica sobre orden público y regulación se ve así interpelada por la experiencia concreta de guetización y externalización del daño.


Más que resolver el debate, la lectura conjunta de estos dos artículos pone de relieve la importancia de articular teoría, derecho y evidencia empírica. Cuando estas dimensiones dialogan, el análisis se vuelve más complejo y, al mismo tiempo, más cercano a la realidad que pretende explicar. Cuando se separan, existe el riesgo de producir categorías analíticamente sólidas, pero socialmente insuficientes.


La lectura comparada de ambos artículos permite identificar un punto crítico que atraviesa el debate contemporáneo: los discursos que presentan determinadas prácticas como opciones laborales autónomas colapsan cuando se los confronta con la evidencia territorial. Allí donde la teoría presupone elección, el territorio muestra supervivencia; donde el discurso invoca autonomía, la experiencia empírica revela coerción estructural; y donde se promete dignificación, la realidad cotidiana expone precarización sostenida.


El problema no radica en la intención declarada de ampliar derechos, sino en el desplazamiento analítico que convierte una situación de desigualdad extrema en una narrativa de elección individual, desresponsabilizando al Estado y a los proxenetas y prostituyentes, diluyendo la violencia estructural y normalizando condiciones que, bajo otros contextos, serían reconocidas sin ambigüedad como incompatibles con una vida digna.


Desde esta perspectiva, el discurso que propone la normalización de estas prácticas como trabajo fracasa no por razones morales, sino por insuficiencia empírica y debilidad ética. No logra explicar por qué las trayectorias están marcadas por pobreza, violencia previa, segregación urbana y ausencia de alternativas reales; ni por qué, cuando se pregunta por proyectos de vida, la salida aparece de manera reiterada como aspiración central.


Derrotar un discurso no implica silenciarlo, sino mostrar sus límites. En este caso, el límite es claro: ningún marco teórico puede sostenerse cuando ignora las condiciones materiales de vida de las personas sobre las que habla. Y ninguna propuesta puede considerarse emancipadora si, al contrastarse con la realidad, termina justificando la permanencia de la exclusión.


Cerrar la brecha entre teoría y territorio no es una concesión política, sino una exigencia ética. Allí donde el discurso se queda sin realidad, la evidencia habla. Y cuando la evidencia habla con rigor, el debate deja de ser ideológico y se convierte, necesariamente, en una cuestión de derechos humanos.


Rojas Chavarría, L. C. (2025). El capitalismo y la sexualidad en la contemporaneidad: ¿una nueva forma de explotación? La precarización del trabajo sexual autónomo en Colombia. Debates, (94), 36–45. Universidad de Antioquia.


Quintero Rolón, C. Y. (2025). Derechos humanos, prostitución y evidencia territorial: una crítica al discurso del “trabajo sexual autónomo”. Manuscrito de reflexión académica.


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