¿Una trabajadora sexual o una víctima de explotación sexual?


Foto de referencia, Cortesía @riciardus

En Cartagena, capital de Bolívar, muchas personas se esfuerzan por combatir la explotación sexual, unas por amor a los niños, niñas y mujeres, otras por regionalismo, porque quieren ver a la ciudad linda y unas más por compromiso con su función pública; todas estas voluntades y luchas se unen en una campaña que lleva muchos años y que se llama “La muralla soy yo”.


Según su página web “La Muralla ¡SOY YO!” es un proyecto de ciudad, “protector de la niñez y la adolescencia, que invita a los ciudadanos y ciudadanas a construir entornos seguros para prevenir y enfrentar la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) en el contexto de viajes y turismo”. Esta propuesta surgió después de un “trabajo en equipo con los actores del proyecto (servidores turísticos informales, empresarios, jóvenes del grupo Ecpat), La Corporación Turismo, La Fundación Renacer, UNICEF y el equipo de trabajo del proyecto”. Su propósito era encontrar un mensaje positivo, de protección, que sirviera para empoderar a los adultos como protectores, “un mensaje en el que se mezclaran conceptos relacionados con el turismo, con Cartagena, con los derechos de los niños-as y con la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Y fue así como después de pasar por diferentes ideas y propuestas se eligió a ‘La Muralla SOY ¡YO!’".


Otras personas, por el contrario, se dedican en sus viajes a lo que dentro de su sistema de creencias puede llamarse “diversión”. Concretamente beber en exceso y consumir prostitución.


El senador Alex Flórez es costeño, pero su vida política la desempeñó en Medellín, donde fue concejal. Hace pocos días, el viernes 2 de septiembre, en la madrugada, fue grabado mientras insultaba a miembros de la Policía, a los que tildó de asesinos. Asimismo, al personal de un hotel cartagenero que le impidió el ingreso sin registro de una mujer en situación de prostitución.

Aseguró el concejal que no se trataba de una prostituta, sino de una amiga, que conoció en una rumba. Sin embargo, la misma mujer lo desmintió, aseguró que era trabajadora sexual y que Flórez fue por ella a la Torre del Reloj, sector cartagenero en el que son ubicables estas personas.


La discusión que suscitó este hecho no es moral, es social y como feminista me permite analizar las relaciones de poder que incluso los varones que “vienen de abajo” de los sectores populares entablan. Me permite también cuestionar el supuesto trabajo sexual.


Consumir prostitución no es un delito, sin embargo, sí se cuestiona éticamente el poder, tal como lo indiqué a la periodista Claudia Morales en su columna “La ética relativa del Pacto Histórico”: “Una mujer pobre, racializada, con un hombre escoltado, no tiene igualdad de condiciones. ¿Quién garantiza que no hay una circunstancia que obliga a una mujer a tener relaciones sexuales sin desearlo? ¿Cómo sabemos si no fue captada, acogida o trasladada (verbos rectores de la trata de personas)? ¿Quién garantiza su seguridad frente a una persona que reconoce públicamente que tiene una enfermedad como el alcoholismo?”. Morales, valientemente le dice a Flórez: “Renuncie, revísese y cúrese, senador”.


A partir de este hecho también se debería reflexionar sobre la necesidad de cuestionar la demanda de sexo, esto es, ¿quién garantiza que no hay una circunstancia que obliga a una mujer a tener relaciones sexuales sin quererlo? ¿Cómo sabemos que no fue víctima de la trata de personas?


Según el estudio de 2008, de Melissa Farley: el 68 % de las mujeres en situación de prostitución tenían Trastorno de Estrés Postraumático -PTSD- en una intensidad similar a las víctimas de tortura o a los veteranos de guerra. Un estudio hecho en Alemania por Sybille Zumbeck, en el 2001, mostraba que el 60 % de ellas tenían trastorno de estrés postraumático muy intenso.


La Corte estudió la constitucionalidad del delito de inducción a la prostitución emitido en la sentencia C-636 de 2009, donde determinó que “la explotación de la prostitución tiene un efecto negativo y de gravedad considerable en la sociedad. En otras palabras, que, en relación con los efectos de la prostitución, los Estados deben luchar por reducir su expansión”. Y por vía del “control de las redes de prostitución”, es posible el control de “actividades delictivas conexas que también generan impacto social adverso”.


Algunas personas naturalizaron la situación diciendo que es normal que se contraten “trabajadoras sexuales”. A eso me gustaría agregar una experiencia personal:


El 16 de agosto de 2018 pronuncié el “Discurso de la Dignidad” ante los Honorables magistrados de la Corte Constitucional, en el marco de la audiencia pública convocada por ese Alto Tribunal en el proceso que fue decidido en la sentencia SU-062 de 2019, la cual impidió la protección del “supuesto derecho al trabajo” a una proxeneta.


La Corte se refirió así de mí en la sentencia[1]: “Claudia Quintero, quien es la voz de las mujeres prostituidas en el expediente, dijo que “estuvo coaccionada por el desplazamiento forzado, la guerra, la indiferencia, la discriminación, el abuso, la falta de oportunidades y de educación” y “la libertad para estas mujeres es una ficción y la realidad es que los proxenetas, prostituyentes y administradores de burdeles aprovechan la situación y su posición dominante para lucrarse de la explotación sexual, reduciendo el cuerpo de las mujeres a una mercancía transable que lesiona gravemente el principio de dignidad humana que funda el Estado Colombiano”.


Así mismo, he acompañado jurídicamente a una víctima de trata de personas que fue judicializada por lesionar a sus tratantes en el momento de la huida quien fue denominada como “trabajadora sexual” por la justicia y no como víctima de explotación, siendo así condenada a 11 años de cárcel.

También he sido interviniente en procesos de mujeres que fueron catalogadas como “trabajadoras sexuales"; una de ellas era víctima de explotación y sufrió una tentativa de feminicidio en un prostíbulo y fue tirada a la calle para que no “muriera adentro”. Y otra era una mujer con discapacidad cognitiva. Ninguna estaba trabajando.

¿Cómo sabremos si la mujer contratada por el senador Alex Flórez es una trabajadora o una víctima?

[1] Minuto 3:10:19 -Audiencia: La autonomía territorial y usos del suelo para el ejercicio del trabajo sexual. [Archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=J0wtrQFvkbwen

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