La regulación de la prostitución es una consigna del grupo de izquierda, que en cada periodo se juega su poco capital político en beneficiar a quienes se lucran de la prostitución queriéndolos convertir en empresarios.
El Proyecto de Ley No. 290 de 2024, titulado “Por la cual se establecen los lineamientos para una Política Pública Nacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas que Realizan Actividades Sexuales Pagadas y se dictan otras disposiciones”, fue presentado por congresistas del Partido Comunes, un grupo político surgido tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, en alianza con el Pacto Histórico, coalición de izquierda oficialista. Entre sus promotores destacan Sandra Ramírez Lobo Silva, Omar de Jesús Restrepo Correa y Pablo Catatumbo Torres Victoria, quienes impulsan una agenda orientada hacia políticas neoliberales que regulan y reconocen la prostitución como un “trabajo”, una postura alineada con las dinámicas del capitalismo global.
Sandra Ramírez, autora principal de esta iniciativa y actual senadora, inició en 2022 una persecución penal contra la activista Lorena Murcia, reconocida víctima de las FARC.
El Caso de Lorena Murcia: Víctima y Activista
Lorena Murcia, quien a los 10 años fue reclutada forzosamente por las FARC y sufrió abusos durante su tiempo en la guerrilla, es ahora una destacada activista y expresidenta de la Corporación Rosa Blanca, organización que agrupa a más de 1.200 víctimas de violencia sexual y otros abusos cometidos por las FARC.
En abril de 2021, durante una intervención en el Congreso en el Día Nacional de las Víctimas, Murcia se refirió a los excomandantes de las FARC como "bandidos, asesinos y violadores". Estas declaraciones llevaron a Sandra Ramírez, exintegrante de las FARC y compañera sentimental del fallecido líder guerrillero Manuel Marulanda Vélez, alias "Tirofijo", a interponer una denuncia por injuria y calumnia contra Murcia. En octubre de 2022, una audiencia de conciliación fracasó, ya que Murcia se negó a retractarse, insistiendo en su búsqueda de justicia para las víctimas.
Murcia ha afirmado públicamente: “Si me tengo que ir a la cárcel por contar la verdad de las víctimas, lo haré con gusto”.
Las FARC y Su Legitimidad en Temas de violencia sexual
El intento de las ExFARC, ahora Partido Comunes, de participar en debates sobre prostitución, trata y proxenetismo resulta profundamente contradictorio debido a su historial frente a las violencias perpetradas contra las mujeres en el marco del conflicto.
Reclutamiento Forzado y Abusos Sexuales: Documentos de la Comisión de la Verdad y testimonios ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) confirman casos de abuso sexual y esclavitud dentro de las filas guerrilleras.
Abortos Forzados: Numerosas mujeres han denunciado haber sido obligadas a interrumpir embarazos bajo condiciones inhumanas.
Trata Interna: Mujeres y niñas reclutadas eran trasladadas entre campamentos como parte de un sistema organizado de explotación.
Relaciones Asimétricas de Poder y Violencia de Género: Durante los diálogos de paz en La Habana se evidenció como, varios comandantes de las FARC-EP, hoy miembros del Partido Comunes, mantenían relaciones con mujeres significativamente más jóvenes. Casos emblemáticos incluyen a Julián Gallo (alias "Carlos Antonio Lozada"), Pablo Catatumbo y Pastor Alape, quienes, siendo hombres sexagenarios, establecieron relaciones con mujeres cuya edad era tres veces menor que la de ellos. Entre estas mujeres destacan nombres como Camila Cienfuegos, Milena Reyes y una joven conocida como "Samy". Estas relaciones reflejan dinámicas de poder profundamente desiguales, donde el contexto de jerarquía y control dentro de las filas guerrilleras dificulta la existencia de consensos reales.
Contradicciones del Proyecto de Ley 290 de 2024
El proyecto refleja un enfoque neoliberal que normaliza la explotación sexual bajo el término “actividades sexuales pagadas”. A continuación, un análisis crítico:
Normalización de la Explotación: La ley blanquea la prostitución como una elección individual, ignorando las dinámicas de pobreza, desigualdad y violencia que perpetúan este sistema.
Ausencia de Perspectiva Feminista: Ignora la conexión entre prostitución y trata de personas, demostrada en modelos fallidos como los de Alemania y los Países Bajos.
Falta de Mecanismos de Salida: No ofrece soluciones integrales para que las personas prostituidas puedan abandonar este sistema.
Hipocresía Ideológica: Un partido que se presenta como defensor de la justicia social promueve políticas que refuerzan las dinámicas del capitalismo más violento.
El Concepto de Actividades Sexuales Pagadas (ASP)
El término “actividades sexuales pagadas” no es una innovación del Partido Comunes. Fue introducido durante la alcaldía de Enrique Peñalosa (2016-2019), bajo una política distrital en Bogotá que buscaba regular la prostitución desde una perspectiva de salud pública. Esta apropiación por parte de Comunes refuerza la contradicción ideológica, al tomar un concepto de corte neoliberal y presentarlo como una solución progresista. Esa política es peñalosista y Comunes la apropia a su proyecto político.
Reflexión: Izquierda, Prostitución y Explotación
La prostitución no puede ser tratada como un trabajo digno desde una perspectiva feminista como lo señaló Alexandra Kollontai, quien destacó la relación entre la explotación sexual y las desigualdades económicas y de género. En lugar de legitimar esta actividad, la izquierda debe abogar por políticas que enfrenten las causas estructurales de la prostitución, ofreciendo alternativas económicas, educativas y sociales que permitan a las mujeres salir de este sistema de explotación.
El Proyecto de Ley 290 de 2024 perpetúa una narrativa que normaliza la explotación sexual y refuerza dinámicas de poder patriarcales.
La prostitución no es un trabajo (El cuerpo no es un objeto); es una forma de violencia que no tiene cabida en una sociedad que aspira a la paz, ya que la prostitución es parte de la guerra contra las mujeres.
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