Propuesta de ampliación del acceso al Permiso por Protección Temporal (PPT) para población venezolana con permanencia acreditada en Colombia

Santiago de Cali, 19 de agosto de 2026

SeñorABELARDO DE LA ESPRIELLA Presidente de la República de Colombia

Propuesta de ampliación del acceso al Permiso por Protección Temporal (PPT) para población venezolana con permanencia acreditada en Colombia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Respetado señor Presidente:

La Fundación Empodérame, organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de los derechos humanos y al acompañamiento de mujeres, niñas, adolescentes, víctimas de violencias y población migrante en situación de vulnerabilidad, presenta respetuosamente esta petición de interés general, de conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política y la Ley 1755 de 2015.

Solicitamos al Gobierno Nacional adoptar las medidas necesarias para ampliar el acceso al Permiso por Protección Temporal – PPT a las personas venezolanas que puedan acreditar permanencia en territorio colombiano hasta el 31 de diciembre de 2025, mediante una nueva ventana de registro, identificación, biometrización y regularización.

Proponemos recuperar y actualizar una herramienta que permitió al Estado colombiano conocer mejor quiénes se encontraban en su territorio y vincular a millones de personas a mecanismos formales de identificación e integración.

El Decreto 216 de 2021 creó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y, dentro de este, el Registro Único de Migrantes Venezolanos – RUMV y el Permiso por Protección Temporal – PPT. Actualmente, Migración Colombia continúa definiendo el PPT como el documento de identificación expedido en el marco del Estatuto y confirma que el preregistro general del RUMV ya no se encuentra abierto para toda la población adulta venezolana.

El PPT permitió avanzar en identificación individual, registro documental, caracterización y recolección de información de la población venezolana asentada en Colombia.

Sin embargo, el Gobierno del presidente Gustavo Petro terminó su mandato sin resolver estructuralmente la situación de la población venezolana que permaneció o llegó posteriormente al país y quedó por fuera del acceso general al PPT.

Durante su administración se adoptaron mecanismos adicionales, como la Visa V–Visitante Especial creada mediante la Resolución 12509 de 2024. Pero estas medidas fueron parciales y no reemplazaron una política amplia de registro e identificación comparable con el alcance del PPT.

El problema de fondo permaneció.

Colombia perdió cuatro años en los que pudo actualizar el Estatuto, abrir una nueva ventana de registro y fortalecer la capacidad institucional para conocer, identificar y regularizar a quienes ya hacían parte de la realidad social y económica del país.

La nueva administración tiene la oportunidad de corregir esa deficiencia.

Regularización también es seguridad nacional

La política migratoria no puede analizarse exclusivamente desde la asistencia humanitaria. También constituye un asunto de seguridad nacional, seguridad ciudadana, gobernanza territorial y capacidad efectiva del Estado para ejercer control sobre su territorio.

Un Estado necesita conocer quiénes viven dentro de sus fronteras.Mantener durante años a población extranjera en situación irregular implica aceptar menores niveles de trazabilidad administrativa, actualización de domicilio, identificación institucional y vinculación formal con el Estado.

La identificación biométrica y documental permite individualizar personas, disminuir riesgos de suplantación de identidad y facilitar la actuación de las autoridades cuando existan investigaciones administrativas, migratorias o judiciales.

Esto no significa asociar migración con delincuencia. Precisamente lo contrario: una política seria de seguridad exige individualizar responsabilidades y evitar estigmatizaciones colectivas.

Regularizar no significa eliminar controles. Significa tener más personas identificadas, registradas y sujetas a las reglas del Estado colombiano.

Prevención de violencias, explotación y reclutamiento

La irregularidad migratoria también genera condiciones aprovechables por estructuras criminales.

Una persona sin documentación suficiente enfrenta mayores barreras para acceder a empleo formal, celebrar contratos, ingresar al sistema financiero, denunciar violencias, afiliarse plenamente a mecanismos de protección social o exigir el cumplimiento de sus derechos.

Estas circunstancias aumentan la vulnerabilidad frente a explotación laboral, explotación sexual, trata de personas, violencia basada en género y otras formas de victimización.

También pueden ser utilizadas por organizaciones criminales, economías ilegales o estructuras armadas para captar o reclutar personas en condiciones de necesidad.

Por ello, identificar, documentar y formalizar también constituye prevención del delito.

La regularización incrementa la presencia institucional alrededor de la persona, facilita la detección de riesgos y permite que el Estado conozca mejor las dinámicas poblacionales de los territorios.

Una persona excluida del empleo formal tiene mayores probabilidades de permanecer en economías informales, sin contrato laboral, con menor cotización a seguridad social y con una vinculación limitada al sistema financiero y tributario.

Regularizar permite facilitar el acceso al empleo formal, ampliar las cotizaciones a salud y pensiones, mejorar el cumplimiento de obligaciones laborales y promover una mayor integración de trabajadores y emprendedores dentro de la economía legal.

Colombia debe preguntarse cuánto pierde manteniendo trabajadores, consumidores y potenciales contribuyentes parcialmente por fuera de sus circuitos formales.

Una política migratoria inteligente no consiste solamente en permitir permanecer. Debe procurar que quien permanezca en el país esté identificado, formalizado, económicamente integrado y sujeto tanto a derechos como a obligaciones.

¿Por qué establecer el 31 de diciembre de 2025?

Proponemos esta fecha como un corte objetivo que permita regularizar a quienes puedan demostrar una permanencia consolidada en Colombia antes del inicio de la actual administración.

Se trata de resolver la situación acumulada de una población que ya se encontraba efectivamente asentada en el país, evitando al mismo tiempo que el mecanismo se convierta en incentivo para nuevas entradas irregulares.

PETICIÓN

Adoptar las medidas normativas necesarias para ampliar el acceso al Permiso por Protección Temporal a las personas venezolanas que acrediten permanencia en Colombia hasta el 31 de diciembre de 2025, mediante una nueva ventana temporal de registro y regularización.

Colombia no gana manteniendo población residente en la irregularidad. Gana cuando sabe quiénes viven en su territorio, puede identificarlos plenamente, exigir el cumplimiento de la ley, prevenir su explotación y facilitar su incorporación a la economía formal.

Ampliar el PPT puede ser simultáneamente una política de derechos humanos, seguridad nacional, prevención de criminalidad y desarrollo económico.

Atentamente,

CLAUDIA YURLEY QUINTERO ROLÓN

Directora

FUNDACIÓN EMPODÉRAME