Por una justicia que escuche a las mujeres indígenas
- Prensa Empoderame
- 15 abr
- 4 Min. de lectura
“Cuando una mujer indígena denuncia, es tratada como si no supiera lo que dice, como si exagerara, o como si eso no fuera relevante. Y cuando no denuncia, se le culpa de no querer ayuda”.
Entrevista a Claudia Yurley Quintero Rolón, defensora de derechos humanos y directora de la Fundación Empodérame
Por Daniela Zapata – Voluntaria de Prensa | Fundación Empodérame
En Colombia, las mujeres y niñas indígenas enfrentan múltiples violencias: machismo estructural, racismo institucional, y exclusión jurídica. Muchas veces, quedan atrapadas entre dos sistemas de justicia que no garantizan sus derechos. En esta entrevista, Claudia Yurley Quintero Rolón, psicóloga, experta en trata de personas y directora de la Fundación Empodérame, analiza las tensiones entre la jurisdicción indígena y la justicia ordinaria, y propone caminos hacia una protección real e intercultural.
La jurisdicción indígena y los derechos de las mujeres: ¿conflicto o coordinación?
¿Cómo se gestionan actualmente los casos de violencia basada en género dentro de las comunidades indígenas en Colombia y qué dice la normativa al respecto?
La Constitución reconoce la jurisdicción especial indígena (art. 246), permitiendo que las autoridades tradicionales ejerzan justicia según sus usos y costumbres dentro de sus territorios. Esta disposición se ve reforzada por el Convenio 169 de la OIT y la Ley 21 de 1991, que exigen al Estado respetar la autonomía cultural.
Sin embargo, esta autonomía no puede desconocer los derechos fundamentales, en especial el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. La Corte Constitucional ha sido clara: cuando una víctima indígena no recibe protección efectiva, el Estado debe intervenir.
La jurisdicción que va más allá del territorio
¿La justicia indígena puede aplicarse fuera del territorio ancestral? ¿Qué riesgos existen?
Sí, según sentencias como la T-617 de 2010 y la T-349 de 2016, puede ejercerse fuera del territorio ancestral, siempre que se mantenga el vínculo comunitario. Pero esta flexibilidad ha sido usada en algunos casos para encubrir a agresores o evitar condenas, debilitando el principio de coordinación entre jurisdicciones.
La doble violencia que enfrentan las mujeres indígenas
¿Qué tan complejo es articular casos de violencia machista entre la justicia indígena y la ordinaria?
Es extremadamente difícil. Aunque la ley exige coordinación, en la práctica reina el vacío institucional. Muchas veces, la justicia indígena protege al agresor invocando la cultura, mientras que la justicia ordinaria racializa o infantiliza a la víctima.
Las mujeres indígenas quedan atrapadas entre sistemas que las silencian o las abandonan. Viven una doble violencia: una que las castiga por denunciar, otra que se justifica en la indiferencia estatal.
Un caso que no se olvida
¿Ha acompañado personalmente casos donde esto haya ocurrido? ¿Qué dificultades ha identificado?
Sí. En 2020 acompañé el caso de una periodista indígena víctima de tentativa de feminicidio en Popayán. Su agresor, también indígena y periodista, la apuñaló 20 veces frente a su hija. A pesar de ser capturado en flagrancia, intentó cumplir su pena en un “centro de armonización indígena”. Fue acompañado por un gobernador que desconocía los derechos de las mujeres.
El juez negó la solicitud y el agresor cumple hoy una condena de 19 años. Pero el intento de usar la jurisdicción indígena para evitar la cárcel fue real. La víctima tuvo que huir de su territorio por amenazas. Esto no puede repetirse.
La explotación silenciosa en las ciudades
Usted ha hablado de una explotación silenciosa hacia mujeres y niñas indígenas en entornos urbanos. ¿Qué ha observado?
En ciudades como Bogotá y Medellín, vemos niñas indígenas en mendicidad forzada, trabajo infantil y explotación sexual, especialmente en zonas de turismo y comercio informal. En algunos casos, esto ocurre con el consentimiento o silencio de líderes de refugios indígenas.
Durante la alcaldía de Claudia López hubo tensiones entre la institucionalidad y estos líderes. La falta de respuesta clara del Distrito y de los cabildos permitió que niñas fueran utilizadas para pedir limosna, para comercio, o para servicios sexuales disfrazados de “ayuda”.
El temor del Estado a intervenir por miedo a ser señalado de racismo es, en sí mismo, una forma de violencia institucional.
¿Normas nuevas o mejor aplicación de las existentes?
¿Cree que es necesario legislar más o basta con aplicar lo que ya existe?
Ambas cosas. Ya existen leyes clave como la Ley 1257 de 2008, la Ley 294 de 1996 y la Convención de Belém do Pará. Pero no se aplican de forma efectiva en contextos indígenas.
Es urgente crear un marco de coordinación o armonización obligatorio entre jurisdicciones y exigir protocolos con enfoque de género dentro de la justicia indígena, que sean públicos y revisables.
Y el Estado debe actuar sin miedo. Proteger a una víctima de un agresor —sea quien sea— no es racismo. Es cumplir el deber de proteger la vida y la integridad.
Barreras estructurales: el patriarcado, la cultura y el racismo
¿Por qué es tan difícil abordar la violencia machista dentro de comunidades étnicas o indígenas?
Porque hablamos de estructuras de poder profundamente patriarcales, donde los hombres ocupan todos los espacios de decisión. Muchas veces, la violencia se justifica como tradición, y las mujeres no tienen herramientas para cuestionarla.
Además, hay racismo estructural desde las instituciones. Si una mujer indígena denuncia, se le desacredita. Si no denuncia, se le culpa. Esa es la paradoja que enfrentan: ninguna decisión les garantiza justicia.
Cuatro propuestas desde Empodérame
¿Qué propone como salidas a esta crisis?
Primero, escuchar y respaldar a las mujeres indígenas organizadas, que ya han roto el silencio.
Segundo, crear mecanismos reales de coordinación interjurisdiccional con tiempos, responsables y consecuencias.
Tercero, formar a las autoridades indígenas en derechos de las mujeres y asegurar la participación de mujeres en los espacios de toma de decisiones.
Y cuarto, romper el silencio. Visibilizar los abusos, aunque incomode. Aunque moleste. Aunque desafíe estructuras de poder.
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