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María Clara, una Sobreviviente del Abuso

Es urgente promover políticas públicas preventivas en temas de consumo, no invitando a “vivir la experiencia”, sino educando a jóvenes y familias.



María Clara abandonó sus estudios en 9°, vivió dos años como habitante en situación de calle, abandonó su familia y a sus dos hijas menores de edad por estar cerca de un negocio criminal de microtráfico que la reclutó a los 17 años, que le abría las puertas de las sustancias que necesitaba para aliviar su mente y su cuerpo. “Las drogas me ayudan a escapar un ratico del dolor”.


El mercado de las drogas existe porque hay quienes las consumen. Las organizaciones criminales existen porque de ellas depende el sostenimiento irrestricto del negocio ilícito de las drogas; estas organizaciones se fortalecen con grupos armados que les permiten proteger los cultivos, plantaciones, laboratorios de procesamiento, “plazas de vicio” y rutas ilegales para su tráfico.


Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. El año pasado el área de cultivo se expandió a 204.000 hectáreas y se calcula que 22 millones de personas en el mundo la consumieron en 2021.


En el mundo de las drogas y las organizaciones criminales dedicadas al tráfico, está el último eslabón de la cadena: sus consumidores. Si bien se ha avanzado en algunas políticas regulacionistas que protegen al consumidor, la mirada está puesta en combatir el mercado ilegal, en el número de incautaciones de droga al año y en la erradicación de cultivos que arroje resultados en políticas militaristas eficientes (lo que no está mal); sin embargo, se les ha olvidado avanzar en una política de drogas, de salud pública que proteja al consumidor.


No piensen solamente en el consumidor “problemático”, están los usuarios terapéuticos, los usuarios “sociales” que por su inexperiencia son los que más ponen en riesgo su salud.


Hay una realidad que no hemos querido aceptar, el uso de sustancias psicoactivas hace parte de las libertades individuales de las personas, así se definió hace 30 años en la sentencia C-221 de 1994; los consumidores adultos tienen capacidad de agencia y el consumo de estas sustancias no tiene por qué costarles la vida.

Es urgente promover políticas públicas preventivas en temas de consumo, no invitando a “vivir la experiencia”, sino educando a jóvenes y familias para que conozcan los riesgos que hay al consumir sustancias psicoactivas y que, si deciden usarla, sepan cómo reducir los daños en su salud.


El último estudio de riesgo químico de sustancias psicoactivas circulantes en Medellín (2022), realizado por la Secretaría de Juventudes, concluyó que, a excepción del cannabis, más del 99% de las sustancias que circulan en la ciudad están adulteradas, lo que pone en alto riesgo la salud de los usuarios.


María Clara ya no consume con la misma intensidad, sus hijas fueron la motivación para salvarse. Dice que los políticos no saben legislar en drogas, porque están alejados de esta realidad, “no tienen empatía con quienes consumimos y no reconocen que nosotros tenemos estilos de vida diferentes”. Para ella es claro que la solución no está en prohibir, sino en educar.


¿Se han preguntado qué hacer si alguien de la familia es usuario problemático de sustancias psicoactivas? ¿Tienen alguna idea de cómo actuar para reducir los riesgos en la salud de ese hermano, amigo, hijo o novia? ¿Se han preguntado cómo actuar para salvarle la vida? Recuerden que no todos han tenido la suerte de María Clara, no todos sobreviven al abuso de las drogas. ¡Actuemos!



Proyección social

Fundación Empodérame

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